El abogado defensor junto al alcalde de Moncagua, Sergio Solórzano Santos. / Rosa Fuentes.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel instaló, el pasado 1 de febrero, el juicio contra el alcalde de Moncagua, Sergio Solórzano Santos, y su secretaria Thelma Judith Castro Hernández, por el delito de falsedad.
La vista pública se instaló el pasado lunes y continuará el viernes 5 de febrero, en el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
La defensa del alcalde, Juan Francisco Cruz Mayorga, aseguró que ha habido un acto desleal de algunos miembros del concejo de otros partidos políticos, luego que aprobaran por unanimidad la ejecución un proyecto y, en la siguiente sesión se rehusaron a firmar el acta.
"Esto es una situación de deslealtad de estas personas, que les podría traer posteriormente problemas penales en contra de estos que de una forma levosa y dolosa hicieron incurrir en un error a la secretaria para certificar un acuerdo, sabiendo que todos los líderes del municipio vieron el momento en que estos concejales aprobaron el préstamo, incluso hasta les dieron la palabra". Juan Francisco Cruz Mayorga, defensor del edil de Moncagua.
El defensor dijo que tiene un video “revelador” donde quedó grabada la sesión de concejo municipal, que consta como prueba en el proceso. “Ahí ellos aprueban el préstamo”.
El defensor del edil dijo que la Fiscalía ha presentado pruebas testimoniales y la certificación de libros de actas, pero no niegan que ellos asistieron en el momento de someter a votación ese proyecto del préstamo bancario y que posteriormente se rehusaron a firmar.
El edil insiste que el caso ya había sido archivado desde 2018 y se reabrió con el cambio de gobierno.
Mientra el representante de la Fiscalía General de la República en el oriente del país, asegura que el caso no fue cerrado, se archivó y al obtener nuevos elementos de pruebas se reabrió.
El ente acusador manifestó que en la denuncia interpuesta por seis concejales, manifiestan que el alcalde de Moncagua solicitó un crédito de más de $3 millones en una agencia bancaria el cual le fue otorgado, ya que en la documentación aparecían las firmas de los concejales que denunciaron al edil y a su secretaria , porque ellos aseguran no haber firmado porque no estaban de acuerdo con la deuda.
Fue por eso que se abrió la investigación desde el año 2016, en la comuna del municipio de Moncagua. Según la Fiscalía el crédito fue de $3,454,000.
"El Código Municipal establece que las deudas que adquiera el municipio para ese tipo de créditos requieren la aprobación del concejo con el voto de las tres cuartas partes, es decir 11 de los 15 votos. No estando seis concejales de acuerdo era lógico que no alcanzaban el número requerido de votos". Rafael Franco, jefe regional de la Fiscalía en el oriente del país.
Franco aseguró que el alcalde presentó certificación de ese acuerdo, dejando constancia que estas personas estuvieron conformes, es decir el alcalde y la secretaria insertaron una información que no coincide, por lo que la Fiscalía considera que hay elementos para debatir en un juicio lo que es la responsabilidad penal de los procesados.
El jefe regional de la Fiscalía manifestó que una de las personas que supuestamente aparece que firmó el documento presentado a la agencia bancaria por la municipalidad, estaba detenido en un centro penitenciario.
En el libro de acuerdos, las firmas no aparecen de los seis concejales que no estaban de acuerdo con el préstamo, pero en la certificación que presentaron al Banco ponen las rúbricas como si estos firmaron.
La falsedad agravada en la modalidad de falsedad ideológica establece que con motivos de tratamientos o formalización de un documento público o auténtico, insertar declaración falsa concerniente a un hecho, que el documento deberá de probar.