A once semanas de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Bukele ha exhibido un equipo de gobierno desconocedor, enfocado en cumplir los planes mediáticos pero a la deriva en la solución real de los problemas nacionales.
Desde febrero, los verdaderos problemas de salud -que trascienden al coronavirus- van en aumento, siendo descritos por el propio Minsal como grave incremento hasta en un 33.7 % de los casos sospechosos de dengue respecto al año anterior, pasando de 1271 a 1699 casos. En el mismo periodo los pacientes con neumonías aumentaron de 4541 a 4900; mientras, las infecciones respiratorias agudas se elevaron en un 28,7 %, pasando de 305,006 casos a 392,494.
Es muy grave el desmantelamiento de las capacidades preventivas del Minsal por la decisión de la administración Bukele de reducir $33,5 millones en el presupuesto 2020; el impacto inmediato desmonta 16 Equipos Comunitarios de Salud (Ecos) en territorios densamente poblados y enfrenta el peligroso desabastecimiento del cuadro básico de medicamentos, de por sí desactualizado, que no cuenta tan siquiera con suficientes mascarillas de protección.
Más que la probable llegada del coronavirus, la verdadera pandemia del país es la falta de agua potable, por la incapacidad de la administración y gestión para asegurar la calidad y cobertura del suministro de agua. Es sabido que la prevención más efectiva contra cualquier afección viral es sencillamente el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como la hidratación de los afectados; sin embargo, este año se redujeron $13 millones al presupuesto de Anda, impactando principalmente a las capacidades de mantenimiento instaladas, agravando la crisis.
En seguridad pública crece la presunción de un acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales de pandillas; siendo más grave, la presunta mediación de poderosos carteles del narcotráfico, quienes a cambio de tranquilidad en sus rutas, gestionarían el descenso de homicidios. Son evidentes los pocos decomisos de cargamentos de droga en esta administración, mientras, crecen las evidencias regionales de la participación de connacionales en grandes operaciones de tráfico de narcóticos. No existe evidencia técnica de los resultados del Plan de Seguridad Territorial, la reducción de homicidios ocurre donde no hay tal despliegue; en tanto, crecen las extorsiones y el narcomenudeo, manteniéndose los niveles de terror en la población por el control ejercido por estos grupos criminales.
En el marco político es cada vez mayor el deterioro de la imagen internacional del presidente Bukele y su gobierno; caen las inversiones y pierde credibilidad ante sectores organizados, intelectuales, universidades, especialmente luego del fallido golpe del 9F; sobre todo por las burdas explicaciones del mandatario, asegurando que la operación militar y policial pretendía dar seguridad a los legisladores, llegando hasta el ridículo, como ocurriese ante la delegación de parlamentarios de la Unión Europea, negándose a emprender la ruta del diálogo y entendimiento como correspondería a cualquier persona democrática.
En vista de las reiteradas amenazas vertidas por el presidente Bukele mediante la manipulación política de la Fuerza Armada, en acciones que desnaturalizan su mandato constitucional claramente establecido en los Acuerdos de Paz, existe expectativa sobre el proceso de interpelación a los titulares de Defensa y Seguridad Publica, buscando evidencias de los graves delitos cometidos durante la asonada del 9F para evitar nuevos riesgos de una nueva ruptura democrática.
Ante la inexistencia de una base orgánica, demostrada en el escasísimo porcentaje de participación en la elección interna de Nuevas Ideas -partido en el que el presidente ejerce un liderazgo material, aunque no formal por su afiliación a Gana- es real la amenaza de seguir utilizando a la Fuerza Armada como brazo político de sus caprichos por controlar al resto de poderes del Estado y a la sociedad. De no existir pesos y balances que frenen la voracidad de poder del presidente Bukele, y ante la miopía del altos mandos castrenses de no distinguir la inconstitucionalidad de una orden, será necesario discutir de manera seria la reserva contenida en los Acuerdos de Paz para la disolución de la Fuerza Armada, solo así se puede erradicar lo que hoy pareciera una amenaza democrática, asegurando el imperio constitucional desde la sociedad.
Pd: Parece increíble que cuando asumió el presidente Bukele algunos pensaron que podría ser una mujer civil la próxima ministra de Defensa.