Desde la vigencia de la Ley de Partidos Políticos en 2013, esta será la quinta oportunidad en la que los institutos se someten a esta norma (dos elecciones presidenciales y tres de Parlacen, legislativas y municipales); sin embargo, no olvidemos que fue a partir de las reformas devenidas de Sentencia de Sala de lo Constitucional que las reglas de democracia interna fueron una realidad. Antes, se dejaba todo a los estatutos partidarios, como si las cúpulas partidarias estuvieran dispuestas a ceder poder.
La aprobación de las reformas fue un paso trascendente que abona en democracia y transparencia para el país, no obstante, tuvo varios desencuentros en su cumplimiento entre los partidos y la Sala y no fue finalmente rigurosa en el respeto de la voluntad de los electores internos, de ahí el origen de algunas de sus limitaciones, ya abordadas por quienes seguimos de cerca el proceso.
Algunos vacíos de la ley son: la naturaleza de la identidad de los institutos políticos, catalogados como “asociaciones”, una figura distante de la condición de “interés público” que ha limitado ficticiamente la función contralora del financiamiento de las instancias correspondientes. Otro elemento importante es la distancia que los partidos le marcaron al TSE -máxima instancia en materia electoral- de intervenir, dejándolo casi sin facultades para involucrarse de cerca en el funcionamiento de estos institutos.
Es en periodos de las elecciones interna (de autoridades partidarias o de candidaturas a cargos públicos) cuando afloran las irregularidades, convirtiéndose en eventuales crisis políticas. En muchos casos el motivo son las dolosas discrepancias entre estatutos calculadamente genéricos (aprobados por el TSE) y los reglamentos partidarios (que no requieren aprobación del Tribunal), dejándose a discreción y maniobra de “cúpulas” el resultado de procesos que debieran ser genuinamente democráticos, con procedimientos debidamente regulados, verificables y suficientemente vigilados.
La médula del problema está en la falta de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los términos generalmente aceptados para la democracia interna de los partidos, asegurando suficiente transparencia, trazabilidad y fiabilidad sobre sistemas informáticos y padrones de afiliados; superando además los engorrosos laberintos a los que se somete de manera deliberada a los aspirantes. Se necesitan procedimientos debidamente regulados, verificables y vigilados. Sobre este vacío no hay partido que escape al cuestionamiento de quienes son parte orgánica y demandan participar y decidir en igualdad de condiciones. Solo el peso institucional de un tercero competente, como el TSE, puede ser garante.
En esta oportunidad, en el proceso de elección primaria, participarán los diez institutos políticos legalmente inscritos. El mayor número de irregularidades y denuncias públicas han sido en contra el partido que creara el presidente Bukele, habiendo sido precisamente él quien lideró la campaña negativa en los procesos internos del resto de fuerzas partidarias, ante la mirada pasiva del TSE.
En todo proceso democrático ocurre el malestar de perdedores por lo tanto será la claridad de los mecanismos y la solidez de las instituciones las que aseguren los resultados. Recuperar la credibilidad y confianza en la política, los políticos y los partidos requiere además del ensamble y relevo intergeneracional: del reconocimiento a la paridad de género, la recuperación de la ética y de los fines constitucionales de estos instrumentos, el rescate del ideario político, ideológico y programático de acuerdo a la naturaleza de cada instituto; así como del reencuentro con la base social que dicen representar.
Inmediatamente después de la próxima elección los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa tienen, en conjunto con organizaciones sociales afines al tema electoral, la responsabilidad de generar los mecanismos para avanzar en una reforma que llene los vacíos de la ley vigente, tales como: desarrollar la institucionalidad de la Fiscalía Electoral, dar al TSE iniciativa de ley, dotarle de las competencias y recursos para ejercer el control sobre la democracia interna de los partidos políticos y especialmente las normas de un estricto control del financiamiento de partidos y campañas electorales, reformas que no son un “ataque” a la institucionalidad partidaria, sino la vacuna contra el mayor deterioro de la institucionalidad partidaria.