Fotografía: Agencia EFE
El juez Miguel Ángel Gálvez aplazó para mañana la lectura de su resolución sobre el caso de saqueo del Estado, por el que fueron acusada 57 personas, debido a la falta de luz en la Sala de Vista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"Yo ya tengo lista la resolución, pero para qué vamos a correr", dijo el juez en referencia a que en el sitio sólo permanece encendida una luz.
Además, indicó que en este hecho también aparecen delitos que ya fueron tipificados en el caso de defraudación aduanera conocida como "La Línea", desarticulada en abril de 2015, por lo que no hará "una doble tipificación".
"Leer solo la parte resolutiva no es prudente", justificó Gálvez sobre su decisión, que involucra el futuro legal del expresidente Otto Pérez Molina, uno de los acusados.
El presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo convocó a los supuestos integrantes de la red criminal mañana a las 9:00 hora local (15:00 GMT) para escuchar el fallo.
Durante la audiencia celebrada este martes, Gálvez indicó que analizó todos los elementos de los delitos que se les imputan a las 57 personas para actuar con "transparencia", y advirtió de que si alguien no está de acuerdo con el veredicto que dicte, tiene el derecho de apelar ante otras instancias jurídicas.
Sostuvo que su resolución no se emitirá en base al "clamor popular" en Guatemala o por "presiones de organismos internacionales", sino en base a los indicios presentados por el Ministerio Público (MP).
El denominado caso "Cooptación del Estado" es uno sin precedentes en la historia del país centroamericano, no solo por el número sino por quienes son acusados de saquear las arcas públicas.
Los cabecillas de las estructura, de acuerdo con las primerasinvestigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) son el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Ministros y funcionarios de ese gobierno (2012-2015), banqueros, empresarios, financistas y abogados están en la lista de la red que mañana esperan conocer su futuro legal.
Uno de los colaboradores de la Fiscalía en ese proceso es el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, pero el juez no consideró necesario utilizar su testimonio, aunque sí algunos documentos en los que aparecen las tablas de cómo se recaudaba y repartía el dinero por los contratos que otorgaban a los empresarios.
Gálvez comentó que Monzón, quien está en prisión, "no es un santo" sino es "un pícaro" y forma parte de la estructura que investiga el MP.
Los delitos que se le imputan a los integrantes de la estructura van desde asociación ilícita, hasta lavado de dinero, cohecho pasivo y activo, enriquecimiento ilícito y financiación electoral ilícita.