El juzgador condenó únicamente por los delitos leves (actos arbitrarios e incumplimiento de deberes) a siete procesados, pero la pena fue reemplazada por trabajo de utilidad pública.
“Resulta notable el deficiente trabajo fiscal de acuerdo al fenómeno que estaban obligados a investigar, siendo carentes de inserción de aquellos aparentes documentos donde constataban los hechos de acción del gobierno del presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena en cuanto al manejo de la seguridad pública y la forma de aplicar medidas orientadas a reducir los índices de criminalidad”, dijo ayer Cruz Vásquez al momento de comenzar a emitir el fallo.
El juez dijo que con base en los testimonios rendidos por el obispo Fabio Colindres, el exministro de Seguridad David Munguía Payés, el exdirector de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, se puede concluir con certeza suficiente que el denominado proceso de pacificación era un plan gubernamental desarrollado en el rubro de la seguridad pública bajo la responsabilidad del expresidente Mauricio Funes, del exministro Munguía Payés y que posteriormente fue retomado por Ricardo Perdomo. En su análisis del proceso, el juez calificó de cuestionable, tendencioso y hasta sesgado el actuar de los fiscales encargados de realizar la investigación, porque no vieron más allá de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y centraron sus indagaciones en los entonces funcionarios de esa institución.
Vásquez mencionó que el Ministerio Público descargó toda la responsabilidad en la DGCP que no era más que un componente de la puesta en marcha de una línea gubernamental que, dado a la envergadura, fue gestada en el ámbito presidencial.
El quedarse únicamente con Centros Penales, la investigación de la Fiscalía generó impunidad de un grupo de personas que eran las correctas a indagar, sostuvo el juez. Agregó que “como consecuencia implicaría la existencia de omisión en la investigación que proporcionaría impunidad de personas, quienes, al igual que los ahora justiciables, deberían enfrentar la responsabilidad por sus acciones y decisiones”.
Investigación
Tras esas valoraciones, el juez Cruz Vásquez, hizo un llamado de atención a la Fiscalía General de la República para que inicie un proceso de investigación orientado a deducir responsabilidades por el gerenciamiento parcializado de esta causa penal.
“En el denominado proceso de pacificación, tal como se evidencia en el juicio, existió intervención no solo del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad y demás servidores públicos adheridos al organismo de inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Ministerio de la Defensa Nacional y el entonces presidente de la República Mauricio Funes Cartagena”.
Además del direccionamiento de la investigación de los titulares del Ministerio Público con el propósito de generar impunidad en casos como el de la tregua entre pandillas y resulta cuestionado que solo se haya perseguido al grupo de imputados, mencionó Vásquez.
En las instituciones señaladas por el juez estuvieron al frente Francisco Salinas, como director de la PNC, David Munguía Payés, como ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo como director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
En su fallo también dijo que otras personas que fueron incorporadas como testigos tuvieron que ser procesadas, entre ellos: el obispo Fabio Colindres, el exdirector del penal de Quezaltepeque, Miguel Ángel Hernández, y la exdirectora de Mariona, Fanny Pacheco.
