Los extestigos son fiscales acusados de privación de libertad y peculado. / DEM
La Fiscalía General de la República pretendía que el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador accediera a procesar a cuatro auxiliares del Ministerio Público y dos empleados administrativos, que renunciaron al criterio de oportunidad en el caso Corruptela, pero la jueza se declaró incompetente porque el caso fue iniciado en el Juzgado Séptimo de Paz.
En su resolución, la funcionaria judicial dijo que la Fiscalía inició el caso en agosto de 2018, cuando acudió al Juzgado Séptimo de Paz para que autorizara el criterio de oportunidad para dos empleados administrativos , y en diciembre del mismo año se hizo el mismo procedimiento contra los cuatro fiscales.
Estando la causa iniciada en esa sede, la jueza dijo que no puede darle trámite al proceso, ya que incurriría en una duplicidad penal. La situación jurídica de los seis imputados nunca fue definida en el Juzgado Séptimo de Paz y debe resolver la situación de los procesados.
La juzgadora sostuvo que ella no iba a emitir ningún pronunciamiento respecto a las peticiones que las partes expusieron en la audiencia inicial ya que de hacerlo estará violando los procedimientos.
“No tengo competencia, y debe remitirse el proceso al Juzgado Séptimo de Paz”, resolvió la jueza Novena de Paz. Evitó pronunciarse sobre el incidente de nulidad que la defensa interpuso por considerar que existe una serie de vicios, comenzando por la supuesta coacción que fiscales de unidades especializadas hicieron a los procesados para que confesaran hechos no cometidos en el caso Corruptela.
El mencionado caso, que está en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, involucra a 30 imputados, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, el exfiscal general Luis Martínez, así como los empresarios Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez.
Ayer, la jueza también evitó emitir decisión alguna sobre la solicitud de instrucción formal con medidas sustitutivas para los seis imputados, y la fianza de $10 mil que el Ministerio Público pidió para cada uno.
Tras la resolución, el expediente será enviado al Juzgado Séptimo de Paz para que se pronuncie sobre la competencia o no de procesar a los seis imputados; en el caso que se emita similar decisión, será la Corte Suprema de Justicia la que deberá dirimir ese conflicto de competencia y nombrar el juzgado que conocerá.