Los diputados representan al pueblo entero “y no están ligados por un mandato imperativo”, dice el Artículo 125 de la Constitución de la República.

Esto significa que en su tarea de legislar en favor del bien común, no se verán limitados por intereses sectoriales o de particulares que les aparten de tan importante misión.

Sin embargo, los últimos hechos conocidos demuestran lo contrario: el abuso en las contrataciones de personal, y la aprobación de leyes en beneficio de pocos, sumado al despilfarro en la compra de bienes y servicios, demuestran la preeminencia de intereses personales en el seno del Congreso.

Lo dramático es que todos los partidos políticos, sin distinción, aparecen involucrados en estas vetustas prácticas y de ahí que todos se justifican mutuamente. Durante las últimas décadas, los diputados han convertido al parlamento en la sede del clientelismo y el nepotismo, multiplicando plazas, haciendo imparables viajes al exterior y otras prácticas repudiadas por la población. El caso extremo es el de Sigfrido Reyes que ya vemos en los tribunales de justicia.

Esto tendrá consecuencias a un año de las elecciones legislativas y municipales, entonces, será muy tarde para afirmar que todo lo hecho se hizo en favor del pueblo entero.