Ahora, será la Fiscalía y la Corte de Cuentas la que junto a otras instancias deberá investigar antes de identificar los ilícitos cometidos, asignar las cargas y responsabilidades que correspondan y dar los lineamientos para que estas situaciones no se repitan. Todo apegado a la garantía del debido proceso y demás principios constitucionales.
La experiencia de este caso, demuestra que solo la exigencia de reglas claras, el acceso a información pública y una mejor rendición de cuentas, serán los factores que van a garantizar que los fondos invertidos en la emergencia sanitaria, se conviertan en recursos útiles para superar la pandemia.
Ya lo había advertido el Presidente Bukele a inicios de esta emergencia de que deben evitarse irregularidades que devengan en responsabilidad individual de los servidores públicos.
Ojalá nuestro país sea la excepción a esta peligrosa epidemia de corrupción y que la contraloría ciudadana funcione como un control complementario al que legalmente deben desempeñar los organismos oficiales creados para tal fin.
Al final de cuentas, nadie mejor que los ciudadanos para asumir la tarea de vigilar y cuidar de los recursos del Estado.