Esta semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha advertido que, en el caso de El Salvador, alrededor de medio millón de personas pudo haber caído en pobreza en 2020, porque no se han logrado recuperar todos los empleos perdidos y además muchas personas que tienen empleo han visto disminuido sus ingresos, a la vez que han aumentado sus deudas.
Y justo en estos mismos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han presentado un informe sobre los focos del hambre en el mundo, donde unos los focos rojos es el conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, los del triángulo norte de Centroamérica. En el caso El Salvador, dicho informe estima que un millón de personas enfrentarán inseguridad alimentaria entre marzo y mayo de este año, y 121,000 personas incluso están en riesgo de morir de hambre.
Si bien es cierto que en el país se han lanzado desde el año pasado programas como la entrega de paquetes de alimentos o el establecimiento de fondos que sirvieran para la recuperación económica, a través de subsidios y préstamos, estos están lejos de ser parte de un plan integral. Posiblemente para algunos les puede dar igual planificar o no, pero desde la Administración Pública uno de los peores errores que se puede cometer es no tener claridad sobre los resultados que se quieren alcanzar y el camino que se debe seguir para ello.
A esto hay que sumarle que no se sabe, siquiera con un poco de claridad, cuándo se logrará vacunar a la mayor parte de la población. Toda la información sobre ello es reservada y hermética. Bueno ni siquiera se conoce públicamente los criterios de priorización. Por ejemplo, ¿por qué los militares y policías están siendo vacunados antes que una parte del personal sanitario y del personal docente, especialmente cuando se ha anunciado que en los próximos días se volverá a las clases presenciales?
Más allá del inicio de entregas de computadoras, la crisis en educación es sumamente grave no solo por la cantidad de niños, niñas, adolescentes y universitarios que han dejado de estudiar (que por cierto no se conocen las cifras oficiales de ello), sino por el impacto en el aprendizaje. También está la salud mental que ha implicado para las familias estudiar desde casa y el recargo en las mujeres de los trabajos de cuidado, lo que a su vez ha incrementado las desigualdades.
Si se le suma la crisis fiscal, donde el Estado salvadoreño está en alerta roja, la crisis ambiental y la social, realmente el contexto es sumamente complicado. Ahora que las elecciones han terminado, ya es tiempo que se deje actuar como si la campaña política todavía continúa. Ya es momento para empezar a gobernar para dar respuesta a los verdaderos problemas de la población.
Ahora bien, hacer política pública en este contexto no es nada fácil, por eso es importante contar con el personal capacitado para que las decisiones que se adopten sean con base en criterios técnicos y no politiqueros. Por eso también es importantísimo los espacios de diálogo con las diversas expresiones de la sociedad para que ésta pueda aportar a la construcción de soluciones. Y por ello es indispensable contar con políticos maduros que ejerzan liderazgos que permitan la construcción de consensos a través del diálogo democrático y alejándose de la estrategia de odio y del linchamiento mediático para quienes piensan diferente. Especialmente porque la crisis no ha terminado.