En esta escalada sin límites -tal como lo denunció el Fiscal General, Bukele ha interferido gravemente en las funciones de la Fiscalía General de la República, intentando detener un proceso de investigación penal en el que se persiguen graves hechos de violencia contra mujeres, delito ante el que diferentes sectores han cerrado filas por los graves efectos de este flagelo en la sociedad. Esta interferencia tiene el perverso fin de proteger a oscuros personajes de su entorno. Por un hecho grave como este, de intento de obstrucción de la justicia, en cualquier país medianamente democrático desencadenaría un proceso de antejuicio contra el presidente; así se han pronunciado destacados juristas y personalidades.
La guerra sucia incluye la desarticulación de los gobiernos locales por inanición ante la falta de presupuesto, estrangulamiento que se ha prolongado injustificadamente por cinco meses retrasando las transferencias del FODES, bloqueando el desarrollo de las municipalidades, afectándose en mayor medida a las pequeñas y medianas alcaldías que no disponen de suficientes ingresos, especialmente cuando estos están gravemente disminuidos por la severa caída de la actividad económica. Esta extorsión impide el cumplimiento de funciones edilicias como el saneamiento ambiental, incrementando el riesgo sanitario comunitario por las dificultades para recolectar y procesar los desechos sólidos.
Tres hechos confirman la presunción de un grave delito de extorsión e incumplimiento de deberes por parte del régimen de Bukele contra los Concejos Municipales: la pasada renuncia del Ministro de Hacienda Nelson Fuentes quien se habría negado a impulsar esta acción ilegal de estrangular los presupuestos de la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y alcaldías; el informe del expresidente del BCR, quien fuera despedido por informar ante una comisión legislativa, revelando los datos de la disponibilidades de más de 1300 millones de dólares del régimen de Bukele durante la pandemia; y la reciente declaración pública del presidente de la Corte de Cuentas de la República, en la que producto de sendas auditorías establecen que el gobierno siempre dispuso de fondos para pagas las obligaciones a las instituciones ilegalmente bloqueadas.
Una nueva operación de guerra sucia cierne sobre otra institución, esta vez el Tribunal Supremo Electoral con la perversa acusación de Bukele sobre un supuesto fraude, carente de todo sustento. Su objetivo es claro: descalificar al árbitro, mientras sus turbas de choque cercan y asedian las instalaciones de varias de las Juntas Electorales Departamentales, sabotean el normal funcionamiento de estas instituciones y la jauría mediática es ajotada para atacar a las fuerzas políticas en competencia; toda una operación de cortinas de humo y diversionismo comunicacional para distraer a la opinión pública. Mientras, los funcionarios de gobierno, que a la vez son candidatos, con total descaro bajo el amparo de Bukele, abusan impunemente de recursos públicos en sus campañas adelantadas, ante un Organismo Colegiado del TSE desorientado, indeciso, dividido, vacilante, sin personalidad o carácter para enfrentar estas ilegalidades.
Las claves que han desatado recientemente la energía de protesta social en otros países latinoamericanos, son exactamente las mismas que impunemente representa Bukele en el país: claros indicios de corrupción extendida en prominentes carteras de gobierno; creciente debilitamiento de la institucionalidad, pérdida total de los mecanismos de diálogo y entendimiento; descalabro económico sin perspectivas de recuperación productiva en una clara y peligrosa profundización de la pobreza.
Los electores deben saber que el próximo proceso electoral se debate entre fracturar el sistema de rendición de cuentas del país ante la mayor acumulación de poder desde el Ejecutivo o la búsqueda de un equilibrio en el control de ese poder.