La maquila donde trabajaba gozaba del privilegio de no pagar impuestos y, a pesar de ello, no respetaba los derechos laborales de Karla y el resto de trabajadoras. Algo común, en un país donde el Estado es especialista en proteger los privilegios de unos pocos, pero es incapaz de garantizar los derechos de las grandes mayorías. Cuando empezó la cuarentena la despidieron (posiblemente este año 200,000 personas más perderán sus empleos), sin darle ninguna indemnización. No era la primera vez que le sucedía.
Con el poco dinero que tenía compró comida, que según sus cuentas debía alcanzar para dos semanas. Las semanas pasaron y la cuarentena seguía ahí. Se enteró por una vecina que el Gobierno iba a entregar $300 a los hogares más pobres. Ella sabía que debía ser seleccionada. Pero resultó que no tenía electricidad –tampoco tiene agua potable– y por lo tanto no cumplía el criterio para su elección. Llamó al número para hacer reclamos, el tiempo pasó y aceptó que no iba a recibir nada. Su madre, de la tercera edad, no tiene una pensión.
Aunque en el papel, la educación continuó, sus hijas no tienen celular, ni computadora, ni televisión donde poder seguir aprendiendo, reflejando esas enormes brechas digitales que se han incrementado en estos meses. La mayor de sus hijas finalizaba noveno grado, este año, pero ya sabía que no iba a seguir estudiando, entre sus opciones están ir a trabajar o “acompañarse”, algo común entre sus amigas, todas menores de edad, quienes en su mayoría ya son madres.
Ya la pasaron a visitar varios candidatos para las próximas elecciones, desde la oposición le dijeron que tiene que votar por ellos, para que no seamos una dictadura, donde no habrá para comer (sonríe). Desde el oficialismo, le dicen que hay que quitarle cualquier obstáculo al presidente Bukele y ha llegado el momento de sacar a los mismos de siempre – se lo dice alguien que ya compitió en las elecciones pasadas con otros partidos políticos– (sonríe).
La política se ha quedado a largas jornadas de las comisiones en la Asamblea o extensas cadenas presidenciales, todas llenas de sulfuro y de mucho odio, pero carentes de propuestas concretas, para dar respuesta a la pobreza, la desigualdad, el desempleo, y el hambre en la que Karla, y millones de personas más, viven.
La pandemia no es la culpable de los problemas ni de Karla, ni del país. Pero frente a una de las peores crisis de toda la historia, hemos perdido el tiempo para repensarnos como sociedad. Dialogar, escuchar y debatir para la construcción de una nueva y mejor normalidad, tuvo que haber sido la prioridad de la política. Reconociendo que la situación actual sobrepasa la capacidad de un actor para solucionar estas situaciones y que quienes tienen más poder económico y político deben ceder una parte para construir una sociedad con más democracia y más derechos.
Pero aún tenemos oportunidades de empezar a hacer bien las cosas. Ahora que se acaba de presentar el presupuesto público de 2021 debemos aprovechar a construir consensos. Este es uno de los presupuestos públicos más importantes, porque de él dependerá poder empezar a salir de la crisis económica, pero también de darle respuestas a millones de personas como Karla, para que por fin tenga un trabajo digno, para que su madre tenga una pensión asegurada o para que sus hijas puedan seguir estudiando y tengan garantizada su salud, para que su familia tenga acceso a agua potable y electricidad, pero también para que el costo de esta crisis no lo sigan pagando más ellas. Que este presupuesto sea entonces la posibilidad de empezar a construir una sociedad donde personas como Karla no continúen siendo excluidas.