Nuevamente la Presidencia de la República quiere hacer de sus pensamientos, decretos y que, estos como edictos reales, sean acatados por la población de forma inmediata y sin discusión bajo la premisa del deber que tiene el Ejecutivo de salvar vidas y garantizar la salud.
Muchos creen que esta es una facultad habilitada por la necesidad de controlar la pandemia y porque el Ejecutivo es el que decide o puede emplear la fuerza policial para enrumbar los controles; para otros no existe condición alguna que pueda dejar de lado los lineamientos y frenos que la Constitución tiene para que el Ejecutivo o cualquier otro órgano de Estado haga su trabajo, esto incluye emergencias o el mismo estado de guerra. En el análisis debemos contemplar que el respetar la carta magna es un juramento que los funcionarios hacen al principio de su mandato, reconociendo que en ella está determinada la función delegada y los límites para su ejercicio, de ahí, que ahora, poner como excusa la pandemia y la necesidad de salvar vidas para obviar los controles es una excusa de bajo peso puesto que las condiciones están dadas para que pueda dirigirse todo tipo de estrategias y planes de contención al problema, pero debe hacerse bajo la norma, bajo los principios y bajo el respeto de los derechos ciudadanos porque, por muy Estado de excepción, los derechos, aunque pueden limitarse, nunca desaparecen hasta su limitación tiene plazos y condiciones claras.
A estas alturas, el poder Ejecutivo ha recibido todo el apoyo solicitado. Le fueron aprobados $2,000 millones en deuda con el voto unánime de los legisladores, se le aprobó el Estado de excepción y se le aprobó su prorroga, y todas las instituciones operan en función del plan de contingencia, pero en cuanto a las detenciones de personas por “violar” o “irrespetar” la cuarentena domiciliar se ha determinado que tienen un límite y este es el protocolo de atención sanitaria, porque una persona no puede ser detenida, recluida y asilada como un delincuente sino como potencial ente de contagio.
Solo si el protocolo lo establece y eso es con base a prueba positiva del virus, síntomas de la enfermedad o evidencia clara de haber estado en contacto con una persona enferma del virus. La Sala incluso recomienda, por segunda vez, en sus valoraciones al Ejecutivo que legisle sobre la cuarentena para que la gente tenga claridad y no se cometa arbitrariedad, como la que ya ha sido determinada por el máximo tribunal.
El asunto aquí no es si la medida de cuarentena es correcta o incorrecta, es cuánto viola o no derechos ciudadanos y si los viola debe corregirse, apegarse a derecho y definirse para que las cosas caminen en bien de todos. Está claro que nadie quiere ser contagiado y mucho menos ser parte de la cadena de contagio, pero en las condiciones reales del país la cuarentena obligará y obliga ya a muchos a salir de casa en busca de comida, de unos dólares para las necesidades básicas y a otros a sostener su trabajo lo más que se pueda. Caer en la categoría de “detenido” o “irresponsable” también es demasiado amplio y pronto los por ahora 1,300 detenidos se convertirán en cuenta interminable y rebasará las capacidades mismas del sistema, lo que redunda en riesgo de contagio o de desorden público considerando el nivel de stress de las autoridades y de los ciudadanos tras tantos días de encierro para unos y trabajo 24/7 para otros.
La situación es difícil, pero lo es más cuando para buscar solución abandonamos el marco constitucional, porque fuera hay más espacio para la arbitrariedad y para el error, de ahí la importancia de replantear las ideas y no dejar de lado los derechos de los ciudadanos, que merecen no solo la vida sino también el respeto a su condición.