Lamentablemente, la PDDH se ha convertido en una institución de escasa incidencia, con profundos conflictos internos, una crisis de legitimidad provocada por los últimos titulares que no han estado a la altura de las expectativas y necesidades de la ciudadanía.
El cargo de “defensor del pueblo” implica una magistratura moral intachable y que tampoco está separada del involucramiento de este en procesos políticos como el de formación de leyes e intervenir en procesos constitucionales en defensa de los Derechos Humanos de la población, labor que se extraña en los últimos años, a pesar de la trascendencia de las discusiones.
La PDDH parece estar totalmente desenfocada y los diputados deben elegir a un nuevo titular que recupere el ideal de los Acuerdos de Paz, que le dio origen a la institución. Un titular sin conflictos éticos, sin ataduras partidarias o con grupos de poder, realmente comprometido valientemente con el cargo y la institución.