Uno de sus efectos más perniciosos es el de la limitación de las libertades individuales y en particular en el goce de derechos humanos como el de la libertad de reunión, el libre esparcimiento y al desplazamiento de las personas, provocando con esto una excesiva concentración de funciones en el que los poderes extraordinarios que la mayoría de Constituciones reconocen a los jefes de Estado en situaciones de emergencia, amenazan con vaciar de contenido a las ya exiguas democracias en un mundo asolado por la enfermedad del autoritarismo.
Esto se traduce también en mayores restricciones a la migración, en una mayor vigilancia y control sobre la intimidad individual y en la posibilidad de recurrir cada vez más a personal militar para el desarrollo de tareas que normalmente se encomienda a personal civil de salubridad. Algunos podrán considerar de sobra justificadas estas y otras medidas, tomando en cuenta la urgencia de la situación y la rápida proliferación del virus que está matando a tantas personas en el mundo, pero en un país como El Salvador, en el que la tradición democrática no ha enraizado, esta tentación autoritaria por contagio, amenaza con volver en permanente lo que deberán de ser medidas temporales, como ya ocurrió con el tema de seguridad pública.
Los problemas nacionales suelen también convertirse en excusas para que el gobierno de turno tenga acceso a cuantiosas fuentes de recursos sin que la aprobación de estos traiga aparejado mayores controles sobre el gasto público, en particular, al formalizarse grandes contratos de compra de bienes y servicios o en el caso de erogaciones para publicidad gubernamental, en especial cuando está a la vista el próximo evento electoral.
La República no pasa por su mejor momento ni goza de buena salud. El intento de auto golpe protagonizado por el presidente Bukele hace más de un mes, aún sigue resonando en foros internacionales y entre la comunidad diplomática, por más que algunos diputados parezcan haber sufrido amnesia o que algunos miembros del gabinete de gobierno insistan en sostener que la toma militar de la Asamblea Legislativa fue una expresión popular cercana al derecho a la insurrección. Hace menos de una semana, los diputados acordaron por mayoría postergar la interpelación pendiente al Ministro de la Defensa Nacional y son muchas las voces que insisten en que este momento de emergencia nacional, requiere más bien de una mayor cohesión estatal ajena del todo al ejercicio de los mecanismos de control entre órganos que la misma Constitución establece.
Tal parece entonces que la salud de la República depende de una fuerza monolítica incuestionable como la que pretende crear a su alrededor el actual Presidente de la República, para quien poco importa el significado verdadero de los principios constitucionales, o el procedimiento legal establecido para declarar una emergencia nacional, que por cierto va más allá de una declaración de voluntad de su parte en cadena nacional, por el contrario, requiere de la coordinación interinstitucional entre órganos de Estado y está sujeta al control constitucional de los ciudadanos, sin importar la magnitud o el tiempo que dure la misma.
Aún no existe una vacuna que prevenga el conavirus o cure los efectos que ponen en vilo a la vida humana en muchas partes del mundo. Pero para cuidar y curar de la República si existen remedios como el principio de legalidad, la separación de poderes, la supremacía constitucional y su consecuencia que es la aplicación directa de la norma suprema, en suma, existe el Estado de Derecho como forma civilizada y política de ejercer el mando y la autoridad, de gobernar en función de las personas y no del poder mismo.
Hoy será más necesaria que nunca la participación de las personas desde la sociedad civil ejerciendo contraloría y vigilando el ejercicio del poder, la actual emergencia no puede dar pie a la arbitrariedad estatal ni al abuso impune. La enfermedad pone en peligro la salud pública pero también lo hacen el gasto desmesurado cuando no existe un control efectivo de los recursos que se ponen a disposición del gobernante. El territorio nacional se mantendrá aislado durante veintiún días, pero la democracia jamás se ha puesto legítimamente en cuarentena.