La Presidencia de El Salvador ha pasado su periodo en completo silencio e inactividad, como si no existiera la institución y lo ha culminado con el más bajo nivel del acto de entrega al gobierno sucesor; pues a pesar de que el Sr. Bukele estaba en nuestro país pero no asistió, los otros jefes de gobierno brillaron por su ausencia. Esto puede ser interpretado como una muestra de su disgusto de los presidentes, tanto por la ausencia en la toma de posesión como por la inactividad durante todo el periodo, así como el comportamiento de nuestro gobierno como que ha decidido decirle adiós a la Integración Centroamericana.
El proceso de integración está pasando por un periodo crítico, esto hace más necesario que los gobernantes asuman la tarea de enderezarlo y encausarlo con una nueva y más poderosa dinámica; nuestro gobierno ha perdido la oportunidad de contribuir a lograrlo. En un mundo globalizándose, la Integración de nuestros territorios y pueblos se vuelve cada vez más urgente, ya que nuestro desarrollo depende en gran medida de lo que logremos conjuntamente y no como aisladas y pequeñas naciones. Es una ceguera histórica y de pobre perspectiva hacia el futuro creer y actuar como si solo con esfuerzos locales podremos desarrollarnos, o esperando que solo con inversiones extranjeras y cooperación externa lo lograremos; Es necesaria una nueva narrativa que nos guíe y en ella la integración del área es un imperativo para lograr el desarrollo y la democracia. En este sentido, una política exterior que no ubique la integración centroamericana como uno de sus centros principales de acción no es política exterior, es tristemente parroquialismo.
El otro adiós se refiere a la renombrada CICIES; el gobierno prometió una institución que respondiera a la demanda popular de limpiar el país de corrupción; en años recién aprendimos que es posible traer ante la justicia a corruptos poderosos; pero esto es solo el principio, la batalla frontal contra la corrupción requiere de otros instrumentos aún más poderosos y la CICIES aparecía como el más viable y alcanzable en esta nueva etapa. Sin embargo, y a pesar de las declaraciones públicas de “cero tolerancia a la corrupción”, la práctica no ha coincidido con la necesidad ni con la urgencia: lo que justamente se señaló como “vicios del pasado” como el patrimonialismo, el nepotismo, son hoy practicados por la administración pública, la falta de trasparencia del gobierno sigue vigente, si no es que ha aumentado y lo que aparecía como la más fehaciente prueba del nuevo gobierno de terminar con la corrupción, la CICIES, vemos cómo se le va bajando el nivel e importancia, primero recurriendo a la OEA cuya credibilidad e independencia es cuestionable, después se pretendió involucrar a la ONU, sin embargo, lo que muestra es una enorme cautela por su parte de involucrarse con una CICIES cuyos perfiles cambian constantemente y ha sido sujeto de contradicciones entre funcionarios del Estado; desde los anuncios gubernamentales prematuros de que ya había empezado a funcionar, cuando aún no tenía ni estatutos ni acuerdos firmes, exponiéndose a desmentidos de la OEA, hasta afirmar públicamente que ya estaba investigando los casos que el gobierno le había dado, cuando ni siquiera ha decidido quién será su director.
La situación ha entrado en estos días en una fase de clarificación y el resultado de ello es deplorable; por una parte, el señor vicepresidente se ha hecho eco de la declaración oficial de la OEA, que la CICIES NO investigara corrupción, sino que simplemente será un auxiliar de la Fiscalía General de la República y es esta a quien se le ha pedido el gobierno que defina los “protocolos de procedimientos”.
Hoy los gobernantes aducen que el retroceso de lo prometido es porque la Constitución no lo permite. Pareciera que han leído la Constitución un poco tarde; la verdad es que desde hace meses lo hemos estado diciendo, sin embargo, entre respetar el mandato constitucional y lo que hoy salen ofreciendo, hay tanta distancia que más pareciera una rendición y no una sabia adaptación de la realidad salvadoreña a los preceptos constitucionales; si desde un principio se hubiera recurrido al fiscal para desarrollar las tareas y espacio de la CICIES, creo que era y es posible encontrar espacio mucho más autónomo y amplio para la CICIES respetando el texto constitucional.
Entonces, ¿qué sentido tiene todo el alboroto publicitario con el que el gobierno ha envuelto a la CICIES, solo para terminar afirmando que “no tendrá competencia para investigar”?, si la CICIES solo es un apoyo a la Fiscalía, hace meses se hubiera podido arreglar en un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y la OEA, como, por fin, se está haciendo ahora. Lo que queda es decir adiós a la CICIES que anhelamos.