Muchos alcaldes y alcaldesas se han quedado esperando que el órgano ejecutivo les resuelva sus problemas que se originan en sus colonias, barrios, comunidades, cantones, caseríos y que ocurren día a día, cuando tienen recursos de ley que no los utilizan, los desconocen o existe indiferencia para resolver problemas. La intolerancia y conductas violentas se originan en la comunidad, inician con pequeñas acciones en las cuales hay una falla inicial en la organización comunitaria, llámese Adescos, juntas directivas, comités o mesa de vecinos, ya que no existen o no se cumplen las normas de convivencia o reglamentos que pueden normar un pasaje, senda, calle que son esas normas que la mayoría de residentes en reunión general o asamblea de vecinos decidieron que se implementaran para la sana convivencia, en ausencia el municipio si cuenta con estas normas, pero en ambos casos no se cumplen, existen fallas y no se trabaja en prevención.
Algunos ejemplos prácticos son la violencia intrafamiliar, música estridente, problemas de parqueos, basura, mascotas que andan en los pasajes y calles sin la supervisión de sus propietarios, fiestas hasta altas horas de la noche, iglesias con altos parlantes, venta de bebidas alcohólicas en puntos no autorizados y en días y horas no hábiles, negocios que operan en las casas de habitación entre otros, que en muchos casos generan situaciones de violencia verbal, física, amenazas, lesiones o incluso asesinatos y feminicidios.
Si las municipalidades juegan un papel activo y asumen el compromiso con sus habitantes y votantes, muchas cosas comenzarían a cambiar a nivel nacional, y que la “Ley marco para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas” proporciona toda la regulación y disposiciones, pero en la práctica no se cumple, son pocas las municipalidades que cumplen esta ley y le han brindado prioridad en los consejos municipales, si lo hicieran se proporcionaría a los ciudadanos una educación de cultura ciudadana que incremente el respeto entre los habitantes, normas de convivencia, resolución pacífica y alterna de conflictos, fomentaría la participación ciudadana en la solución de sus problemas en su comunidad, y de igual manera en prevención de la violencia.
El artículo número diez de dicha ley establece la figura del delegado contravencional municipal que tendrá entre otras atribuciones la solicitud y respuesta de resolución alternas de conflictos, recibir denuncias o avisos de contravenciones cometidas, iniciar procedimientos sancionatorios, indagar sobre hechos denunciados, imponer sanciones, rendir informes mensuales al consejo municipal; muy pocas alcaldías lo tienen nombrado, en un porcentaje de treinta y cinco por ciento de las 262 alcaldías municipales, en muchas de las municipales le delegan al síndico o a un colaborador jurídico lo que no les permite brindarle la importancia y atención que el municipio necesita.
En este momento el país requiere que los alcaldes y alcaldesas asuman el liderazgo y puedan apoyar desde la unidad básica territorial en prevención de violencia y cultura de paz, necesitamos que se cumpla y se aplique esta ley, y es una responsabilidad de los alcaldes combatir, prevenir la violencia social y promover la seguridad ciudadana; el inicio de los delitos que son las faltas no se están atendiendo y esas seguramente se convertirán en delitos, saturando el sistema judicial y cárceles del país o quedarán en impunidad.