Las pensiones es un tema de interés general, aunque por ahora solo un reducido grupo de personas en el país posee una cuenta de ahorro para ese propósito, es decir, que solo un segmento de la población, aquel que tiene o ha tenido un empleo formal con prestaciones de ley es el que ha podido acumular dinero para convertirlo en una pensión. De ahí que es significativo el debate pero si se enfoca en los verdaderos protagonistas del tema: los cotizantes, porque ellos son los dueños del dinero.

Hasta ahora los más de $8 mil millones acumulados en las cuentas personales de AFP son posibles gracias a los aportes de empleadores y trabajadores; ellos son los que han ahorrado de sus salarios y han aportado complementariamente para dicho fondo, un fondo privado del cual el gobierno ha tenido prestado más del 60 % con obligación de ley, pagando un interés miserable, cuando a otros que le han prestado ha pagado tasas hasta de 10%, quiere decir que el Gobierno es el menos indicado para plantear reformas, debate o la mínima discusión respecto al tema, porque es quien a la fecha ha sacado más provecho del fondo.

Este dinero acumulado por ley se ha invertido en “proyectos” del gobierno que no producen la rentabilidad necesaria o que podría obtenerse en otros mercados menos restrictivos; sin embargo, se le ha dado al gobierno todo lo que ha solicitado, incluyendo aumentos al techo en la capacidad de dinero que puede prestar. ¿Entonces de dónde nace el gran interés del gobierno en el tema? Simplemente de su incapacidad de pago, de poder hacer frente presupuestariamente a su obligación de pagar lo que debe y de devolver a los trabajadores que se van a retirar, el dinero acumulado en las cuentas que antes administró el Estado y cuyo dinero se va materializando de los papeles a la realidad con cada jubilado; además, el Gobierno de El Salvador se muestra interesado porque tampoco quiere dejar de utilizar el fondo para saciar su hambre de dinero; por eso quiere todo el fondo, que se le pase a sus manos para gastar lo que queda y jugar a prestar y, al mismo tiempo, administrar.

Los políticos han tratado de vender una utopía sobre darle a todo salvadoreño una pensión y que esta sea digna; se ha creado una aspiración, un derecho pero nadie calcula la obligación; es decir, de dónde se piensa sacar dinero para pagar a todo ciudadano que ni aportó, ni ahorro. Los impuestos y el presupuesto de cada año, tampoco alcanzan y eso de digno, la gente lo ubica rápidamente en por lo menos “el salario mínimo” y en la realidad ni siquiera los $100 para cada policía se ha podido presupuestar. ¿Cómo se supone podría el país pagar a miles de personas de avanzada edad el salario mínimo cada mes para que viva feliz y dignamente con una pensión? ¿Será con magia o con demagogia?

Los números no mienten. Sin rentabilidad, sin nuevos empleos formales cada año, aun cuando las AFP no tuvieran comisión y nos regalaran su trabajo haciendo caridad, no habría de dónde poder llegar a la “dignidad“ que algunos esperan tenga una pensión que no tiene respaldo financiero; por ello es muy peligroso levantar expectativas sobre hechos que no se sostienen en dinero en los bancos; las pensiones deben tener a la base un cálculo exacto y por ahora con solo un 25 % de personas en el país con empleo formal, con solo 23 % de negocios en la formalidad, con solo un 25 % que paga renta porque tiene formalidad y con seis mil a siete mil empleos formales al año contra 60 a 70 mil que deberían ser, la pensión difícilmente puede ser lo que muchos venden o esperan y por muy don gobierno que las administre con el alto costo burocrático más las viejas mañanas del gasto público, difícilmente podrían dar ni lo que ahora dan como fruto las administradoras privadas, porque ya no es cosa de comisiones o de privado o público; es cuestión de poco crecimiento, mala tasa de interés y de gobiernos que se han chupado el fondo en puro gasto sin devolución justa por lo prestado.

Si vamos a hablar de pensiones, ¡que seamos los cotizantes, los dueños del pisto, los que hablemos!