Esta apuesta que cuenta también con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, puede realmente hacer la diferencia en el proceso de lucha contra el crimen en el país, mi pregunta es ¿por qué los últimos dos gobiernos lo dejaron para lo último? Lo digo porque son dos gobiernos del FMLN dizque preocupados contra el crimen, y el de Sánchez Cerén mucho más exigido de hacer algo radical pero tampoco se encariñó con la idea, aun sabiendo que la impunidad procesal, la corrupción y la falta de prueba científica son los factores que más han hecho mella en la confianza institucional y por ende han servido como catalizador de la violencia y de la libre acción de los delincuentes.
Se ha dicho que en el país cada fiscal debe procesar entre 250 y 400 casos por año, eso significa investigar, darle seguimiento, recabar y presentar pruebas, abrir petición de juicio y convencer a jurados y jueces de la participación individual de cada acusado en cada hecho criminal; ante tal fastidio y enorme cantidad de trabajo, la opción fácil fue el testigo, luego el testigo criteriado, una especie de comodín que permitiera por la vía de la confesión un proceso con fundamento y credibilidad instantánea, que permitiera condenas rápidas y sin apelación, ya que los testigos fueron siempre en nuestro sistema bien valorados, pues nunca avanzamos a considerar más investigación y más prueba científica.
Tener una entidad científica de investigación del delito es muy importante, quizá mucho más que cualquier otra cosa en este proceso, puesto que puede por vía del peritaje balístico, el estudio comparativo del ADN, bases de datos con información histórica y el cruce tecnológico de muchas variantes demostrar la culpabilidad de cualquier persona, no solo en los homicidios, aunque es eso lo que más está creciendo en las estadísticas y lo que más crece como deuda institucional a la nación.
Felicito y agradezco a la Fundación Buffett por heredarnos esta oportunidad, la cual desde hace muchos años debió ser no la última implementación de un gobierno sino la primera y espero por ello que el nuevo inquilino de Capres aprecie y dinamice las acciones para echarlo a caminar lo más pronto posible.
Sumado a esto hay que exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de la ley de ADN, las reformas de ley para unificar las bases de datos institucionales, reformas que permitan también adecuar el código penal a las nuevas tecnologías de prueba, que permitan validar vídeos, llamadas telefónicas, mensajes de correo, grabaciones, fotos y audios, etc…para procesar delincuentes de forma más rápida y efectiva.
La tecnología policial y de investigación debe ser la ruta de la lucha contra el crimen, porque nada puede evitar que se comenta un delito como el saber que hay muchas formas de comprobar tu culpa, no hay disuasivo más grande que una eficiente investigación, un proceso recto y jueces que no tengan margen para invalidar procesos o se presten a la corrupción. Es hora de movernos hacia una nueva visión en seguridad pública, no basada en lo estrictamente policial o militar, menos en lo punitivo, sino en lo que hace diferencia, calidad de prueba, seguridad de prueba y calidad de proceso fiscal, creo que se van agotando las excusas.