La iniciativa fue presentada ayer por el ministro de seguridad./ Óscar Machón


El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa reformar el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban, es decir, siempre puedan ser perseguidos independientemente de cuándo se hayan cometido.

En una pieza de correspondencia, Villatoro pidió modificar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que actualmente indica que, si no se ha iniciado la persecución, la acción penal prescribirá después de un plazo igual al máximo establecido en los delitos sancionados con penas de cárcel.

Según dicho artículo, también prescriben en un máximo de tres años los delitos sin penas de cárcel y prescriben en un período de 1 año las faltas ligadas a corrupción.

La reforma indicará: “No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz y los ilícitos establecidos en los capítulos II y III del Código Penal”, estos últimos vinculados a la corrupción cometida tanto por funcionarios públicos como por particulares.
No vamos a tener más funcionarios públicos que piensan que el servicio público es para enriquecerse. Es parte del compromiso por combatir la corrupción”. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad

Los delitos.


Los ilícitos contemplados en el capítulo II del Código Penal son peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito e infidelidad en la custodia o registro de documentos públicos.

Mientras, el capítulo III establece delitos como cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, resistencia, resistencia agresiva, desobediencia de particulares, desobediencia en caso de medidas cautelares, desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección, tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos, así como desacato e información falsa para el programa de protección a víctimas y testigos.

 

Retroactiva.


La reforma será de orden público y retroactivo, indica el proyecto. El ministro señaló que “es una instrucción del presidente Nayib Bukele como una acción decidida a afrontar y combatir la corrupción”. “No vamos a tener más funcionarios que piensan que el servicio público es para enriquecerse”, dijo.

El diputado Ernesto Castro, presidente del Órgano Legislativo, elogió la propuesta. “Todo aquel corrupto que pensaba que ya habían pasado los 10 años porque de eso se trataba el sistema que había instaurado, eso es lo que se va a acabar con esta reforma, esos corruptos pensaban que ya se habían salvado, la fiesta se acabó”, manifestó.
Todo aquel corrupto que pensaba que ya habían pasado los 10 años porque de eso se trataba el sistema, eso es lo que se va a acabar con esta reforma”. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa

Ley Alabí retroactiva.


El Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) señaló que promover dicha reforma “no es suficiente”.

“Hablar de juzgar el pasado no es suficiente cuando la Ley Alabí promueve la impunidad de los actuales funcionarios y viola la Convención Interamericana Contra la Corrupción”, indicó.

El 5 de mayo de 2021, la Asamblea aprobó una ley que da inmunidad retroactiva a funcionarios involucrados en compras anómalas en la pandemia.

 

No es primera vez que se propone la no prescripción de la corrupción

La Asamblea Legislativa archivó las peticiones de reforma para volver imprescriptibles delitos de corrupción. Ayer la propuso el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

 

  • Junio 2019


Los diputados Leonardo Bonilla y Milena Mayorga presentan una iniciativa para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.

 

  • Julio 2021


Gustavo Villatoro entrega la propuesta para reformar el Código Procesal Penal y declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.