Familiares y amigos de Carlota Ramírez Hernández fueron desaparecidos durante la guerra por ser miembros de las llamadas Comunidades Eclesiales de Base. / Fotos: Óscar Machón


Jaime García corrió a contener el sollozo de Santos Medina, quien frente a diputados, empleados legislativos y casi medio centenar de personas comenzó a llorar cuando recordó su vida en la guerra.

En 1992, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz entre el Gobierno salvadoreño y la guerrilla, Santos Medina era el alcalde del municipio de San José Las Flores, de Chalatenango, uno de los departamentos más golpeados por la guerra.

“Una vez, hicimos una fosa en Las Flores para meter 14 personas que fueron ejecutadas por la derecha y el siguiente día hicimos un hoyo para meter 14 personas que eran asesinadas por la otra extrema. El pueblo quedó aislado, no se podía pasar por Guarjila. Quiero decirle a la derecha y a la izquierda que sufrimos una guerra”, expresaba con voz temblosa Santos Medina a los diputados quienes, en 24 días, deben aprobar una nueva ley de reconciliación.

Santos relata su salida obligada de San José Las Flores.

“Si no se dan cuenta de las quejas del otro, nunca las van a saber –continuó con su tembloroso relato–, yo me salí, todos mis hermanos se fueron, tengo unos que están en Canadá, otros en Estados Unidos y yo me quedé con mi papá. Ese es un dolor”. Rompe el llanto.

Óscar Luna, exprocurador de derechos humanos y actual asesor del presidente de la Asamblea.


Junto a él se encuentra el exprocurador de derechos humanos (2007-2013) y ahora asesor técnico de la presidencia de la Asamblea Legislativa, se levanta, le toca el hombro y pone en sus manos una botella con agua que le envía el diputado Damián Alegría, un exguerrillero del FMLN.

Santos Medina se queda en silencio. No puede utilizar el micrófono que tiene en su mano derecha. Sus sentimientos le han hecho un nudo en la garganta que, aunque quiera, le impide hablar. Transcurre un minuto.

Del otro extremo del salón se levanta Jaime García, camina hacia Santos Medina y lo abraza. Jaime García comparte su sufrimiento; el 24 de marzo de 1980, mataron a su amigo, a su mentor, Óscar Arnulfo Romero, de quien era secretario.

“Tenés tu derecho a llorar como lo tengo yo, los dos hemos sido obligados a estar odiando, somos hermanos y eso es parte del pasado, tanto ustedes como yo hemos sufrido”, consuela Jaime García a Santos Medina, a quien toma de su brazo derecho para reconfortarlo.

Las consultas con las víctimas del conflicto armado, que terminaban el 31 de enero, continuarán hasta este viernes 7 de febrero.


Tras un abrazo, Jaime García retoma la calma y pide que los diputados aprueben una ley de reconciliación que permita la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de los hechos. El proyecto de ley podría estar listo entre el 12 y el 19 de febrero según fuentes extraoficiales.

Así como Jaime García y Santos Medina, al menos 10 víctimas del conflicto armado pudieron expresarse libremente ante los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y condenar la muerte de sus familiares, en hechos perpetrados ya sea por la guerrilla o por la Fuerza Armada de El Salvador.

En un inicio, los diputados solo tenían previsto recibir a las víctimas de crímenes perpetrados por la guerrilla en San José Las Flores y Nueva Trinidad, ambos municipios de Chalatenango.

Sin embargo, debido a la presencia de organizaciones de derechos humanos y víctimas de crímenes perpetrados por la Fuerza Armada, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa decidió escuchar a todas las víctimas, juntas.