Por ejemplo; el Gobierno no desarrolló una logística técnica que permitiera proteger de forma sistemática a los médicos, enfermeras y demás trabajadores sanitarios que han estado en la primera línea de batalla atendiendo personas infectados con coronavirus. También persiste el desorden en los centros de contención, no hubo protocolos sanitarios y fueron mezcladas personas confirmadas con el virus y personas sanas que después terminaron contagiadas, además de la vulneración de derechos fundamentales de todos los detenidos en los centros de contención.
Asimismo, no hay en la actualidad información fidedigna de las cifras reales de personas contagiadas, dado que esto ha sido misterio. El gobierno ha informado lo que ha estimado conveniente, es decir que existe la posibilidad que se haya jugado con las cifras, en virtud de exigir a la Asamblea Legistiva, más presupuesto para atender la contención de la pandemia. Ciertamente, esta situación ha sido una constante del gobierno para poder hacer compras gubernamentales sin mayores controles, con poca transparencia ni rendición de cuentas.
Esta situación que se ha vuelto una piedra en el zapato, porque han comenzado a surgir en el ambiente aspectos que merecen ser investigados por la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía, como el caso de la adjudicación de la construcción de las cimentaciones del edificio en el parqueo de CIFCO por $3,994,183.41. Es decir, se le pagó a una empresa una diferencia entre el más cercano competidor de $1,136,366.80. Adicionales, ocasión oportuna para que el ministro explique a la población, cual fue el criterio técnico de adjudicación.
Esta información se pudo conocer gracias a la publicación reciente que efectuó el periódico digital el Faro. Otra presunta compra confusa que vale la pena que sea investigado, es la adjudicación de seis camiones por parte del FONAT, a una sociedad cuyo giro es la publicidad, con el código de adjudicación: CD02-FONAT-2020. Por un monto $205,829.50. De fecha 7 de mayo 2020. Casi el doble del precio del más cercano competidor, que, dicho sea de paso, esta compañía tendría que comprar esos camiones al importador local, para luego revenderlos.
En fin, el gobierno, tendrá que rendir cuentas y mucho qué explicar, sobre estas acciones que, de probarse en un tribunal, podría acarrear graves consecuencias, para los funcionarios que han manejado fondos públicos. Pero esto solo es la punta del iceberg, de los grandes problemas que se avecinan, ya que al estar paralizada la economía, sin haber hecho un análisis técnico que permitiera equilibrar la prevención con la productividad. Esta situación ha conducido a que miles de salvadoreños no tengan ahora alimentos en sus hogares y con múltiples deudas que afrontar.
La emergencia ya no está habilitada, por lo tanto, los plazos de los pagos hipotecarios, alquileres y servicios, se volverán exigibles, ¿cómo se hará? no se sabe, porque el gobierno nunca preparó un plan de reapertura económica. Todo este tiempo se utilizó para discutir y acusar a los diferentes sectores y personajes que disentían con las imprevisiones del Ejecutivo, al grado que el famoso hospital de CIFCO, que fue prometido, para atender la pandemia en la cuarentena, ni siquiera los fundamentos han concluido.
En suma, la próxima pandemia, será en el Ministerio de Trabajo, y no porque los empresarios, sean malos y avaros, como los han venido señalando el presidente, sino porque ya no hay dinero para continuar operando, nunca se escuchó sus propuestas, para equilibrar la prevención con la productividad, hoy es demasiado tarde. Un aproximado de 400 mil salvadoreños pertenecientes a los diferentes sectores, han perdido el empleo, más los que se sumarán en estos días, lo cual no es culpa de los empresarios, sino de la imprevisión y falta de visión gubernamental.