Desde el comienzo, Rivas expresa que el conocimiento del “supuesto hecho” fue dado por Raymond Bonner, corresponsal de The New York Times, dos meses más tarde después de haber visitado el sitio de manera subrepticia, introduciéndose por territorio hondureño y entrevistando únicamente a personal de la guerrilla y quien escribió textualmente que “en veinte chozas de barro vio cráneos carbonizados y los huesos de docenas de cuerpos enterrados” (?); más tarde, llegó de la misma forma, con Alma Guillermoprieto, del The Washington Post. Ambas publicaciones fueron calificadas de “falsas” por el gobierno de los Estados Unidos de América. El autor apunta que, a poca distancia de El Mozote, funcionaba la escuela de formación militar “La Guacamaya”, donde el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), “adiestraba muchos niños reclutados a la fuerza” en el uso de armas. Desde allí también transmitía Radio Venceremos, vocero del FMLN.
Resumir en un corto espacio todo lo escrito es imposible, por lo que, en forma pormenorizada, escribo únicamente las conclusiones del autor ya referido: El Mozote, cuando hubo esa “supuesta masacre con decenas de fallecidos”, era un caserío que no pasaba de 30 casas de adobe y una población de alrededor 150 personas; según fuentes guerrilleras y la Comisión de la Verdad, centenares de moradores fueron reunidos engañosamente por militares para darles víveres, pero, otros informantes, dicen fue la Cruz Roja Internacional, infiltrada por el ERP, quien convocó a los moradores de la zona a El Mozote y no el Ejército; no debe olvidarse que toda la zona era campo de batalla y “eran pocos los no combatientes”, o sea, toda la gente que concurrió “contaba con formación militar y concientización política a cargo de activistas católicos inspirados en la “teología de la liberación” y continuadores de los lineamientos de la Conferencia de Medellín, destacándose los sacerdotes Miguel Ventura y Rogelio Ponselle, que “jugaron un papel importante desde el inicio del conflicto armado y acompañaron a la población de Morazán en su lucha, junto al movimiento guerrillero” a través de las Comunidades Eclesiales de Base.
Según testigos, cuando se asentaron las primeras bases del ERP en Morazán, “ya el terreno estaba preparado” por los religiosos mencionados; respecto a los reclutas de La Guacamaya eran alrededor de 300 niños entre 10 y 16 años, pues a los adultos se les entrenaba en los campamentos ubicados en cerros y zonas montañosas (aparece en la página 173 una foto de Schafick Hándal, junto a dos menores combatientes, fuertemente armados con fusiles de gran poder letal); el que la guerrilla utilizara a niños en combate, fue una flagrante violación al Convenio de Ginebra de 1949, del cual nuestro país es firmante; y podría continuar, pero cabe resaltar el aspecto jurídico que se juega “en esta supuesta masacre”, porque hay al respecto jurisprudencia constitucional, con fallos pronunciados en su tiempo por la Corte Suprema de Justicia y que, tal parece, ha sido obviada en la actualidad como lo expresa el Dr. José Belarmino Jaime, que al referirse al caso El Mozote y otros similares, se irrespeta “actos jurídicos ya consolidados y fenecidos dando lugar con ello al doble juzgamiento que prohíbe nuestra Constitución, precisamente una de las expresiones más concretas del derecho es la seguridad jurídica, por ello, el Art. 17 Cn. establece que ningún órgano, funcionario o autoridad, podrá avocarse a causas pendientes o procedimientos fenecidos”.
Hechas estas acotaciones al margen, sin añadir o quitar lo esencial, confío que otros estudiosos de aspectos jurídicos, fiscales, defensores de derechos humanos, catedráticos, periodistas e historiadores, lean y analicen, detenidamente, la obra del Dr. Rivas y se pueda iniciar una discusión justa e imparcial sobre los hechos en El Mozote.