Entre las acciones más recientes por intentar controlar la narrativa colectiva o lo que se acepta como verdad por parte de, por lo menos, un sector de la población, el Ejecutivo ha inaugurado un falso noticiero de televisión. Falso porque uno de los mayores problemas que muestra es que se anuncia o se presenta a la población como un mecanismo informativo similar a los demás noticieros que existen, pero que en realidad, lejos de contribuir con información objetiva y fidedigna al debate de las ideas o al pluralismo mediático que debe existir en una democracia, lo único que hace es sumar otra voz a la estrategia gubernamental para desinformar a la población y para difundir su propia versión de los hechos o su propaganda política.
Además de la falsedad que existe en su presentación al público y de las violaciones al art. 218 de la Constitución que a través de este noticiero puedan cometerse, otro problema de este medio público es que está siendo financiado con los impuestos de todas las personas que contribuimos al patrimonio estatal con nuestros aportes, sin una justificación por carecer de un beneficio colectivo. Es decir, que se trata de un mecanismo para difundir mentiras y propaganda que solo beneficia a un partido político y a quienes están en el poder, pero que pagamos todos.
Es verdad que en otros países existen canales de televisión y noticieros públicos, pero para justificar su financiamiento con fondos de la colectividad estos medios deben cumplir con un mínimo de estándares o de requisitos.
Una de las instituciones internacionales que lideran los estudios y aportes sobre los medios de información públicos y privados, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura –UNESCO– establece que “los medios públicos son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política”.
Los medios públicos tienen como finalidad informar, educar y divertir con base en ciertas garantías, como por ejemplo la independencia editorial, la diversidad de opiniones, una apropiada rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones, entre otros. Durante la suspensión de clases escolares por causa del COVID-19 se ha visto lo útil que la televisión educativa nacional puede llegar a ser. Sin embargo, el noticiero divulgado en el mismo canal, no tiene una finalidad de interés colectivo, ni divulga la verdad. Canales de televisión públicos, como la BBC o British Broadcasting Company, que divulgan diversos tipos de programas incluyendo noticieros, jamás se verá ni se ha visto que utilice para publicar mentiras o para favorecer al partido en el poder, porque tanto los gobernantes como los ciudadanos del Reino Unido entienden que ello constituye un abuso de recursos públicos que daría paso a sanciones, incluyendo la pérdida del cargo o multas por abuso de poder y/o sanciones al canal.
Es por ello que si en El Salvador, el Ejecutivo o un partido político quiere tener tiempo al aire, en la televisión o en la radio, así como espacio en medios impresos para divulgar propaganda, deberían hacerlo en los tiempos y formas autorizados por la Constitución y deberían pagarlo con fondos del partido, pero no con nuestros impuestos que preferiríamos que se destinaran a la construcción de escuelas públicas o a la compra de medicamentos para la red de hospitales públicos u otras obras de interés para toda las mayorías.