La medida que el presidente Nayib Bukele tomó el fin de semana sobre Venezuela tiene un fundamento en una serie de resoluciones que declararon ilegítimo al régimen de Nicolás Maduro, quien en 2018 se adelantó unas elecciones presidenciales sin participación opositora y que la comunidad internacional –Estados Unidos, gran parte de la OEA, el Grupo de Lima, Canadá y la Unión Europea– no las reconoce.

En esas elecciones solo hubo participación cercana al 33 % del padrón y Maduro completó así una colección de arbitrariedades que incluyeron desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y dominada por la oposición, elegirse una Asamblea Constituyente paralela, elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sumiso a sus dictados y un tribunal electoral que responde a su voluntad.

El día de su toma de posesión, en enero de este año, solo sus amigos del club del Alba lo acompañaron: el presidente saliente Salvador Sánchez Cerén, el boliviano Evo Morales, el cubano Miguel Díaz Canel, el nicaragüense Daniel Ortega, y dos jefes de estados no reconocidos por la ONU: Osetia del Sur y Abjasia.

La Asamblea Nacional venezolana nombró en febrero pasado como su presidente al diputado Juan Guaidó, quien, basado a un artículo de la Constitución venezolana, se declaró “presidente encargado”, debido a lo que consideran una “usurpación” del gobierno por parte de Maduro.

Guaidó es entonces reconocido como el gobernante legítimo de Venezuela por 57 países, luego que el presidente Bukele lo reconociera. En Centroamérica, solo Daniel Ortega sigue considerando a Maduro como gobernante legítimo. Y en El Salvador, el FMLN.