Editorial & Opinion

Mal uso del lenguaje político

José Roberto Batista / Estratega en Política y Diplomacia

miércoles 14, octubre 2020 - 12:00 am

El sector público de nuestro país tiene la lamentable peculiaridad de estar conformado -hoy y antes, ojalá eso cambie en el futuro- por funcionarios que muy a menudo ponen al descubierto su falta de capacidad intelectual e instrucción notoria; siempre con algunas rarísimas y muy contadas excepciones. Y es que solo falta observar una entrevista televisiva o escuchar alguna declaración para darnos cuenta de la carente erudición de la que hacen gala algunos de los funcionarios públicos cuando se refieren a conceptos políticos, que deberían ser su fuerte. Veamos algunos ejemplos:

Todos hemos venido siendo testigos de los constantes desencuentros entre representantes de Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa al defender sus posturas en temas coyunturales; en estas discusiones, varios funcionarios, reiteradamente han utilizado en forma equivocada el término gobierno para referirse al Presidente de la República, a Casa Presidencial o al Órgano Ejecutivo; el gobierno, como unidad, es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. Podemos inferir con propiedad entonces que el gobierno lo integran los tres órganos del Estado, así como todas las instituciones públicas, sean autónomas o semi-autónomas, o descentralizadas, como es el caso de las municipalidades. Por lo tanto, no es correcto decir que “los diputados autorizaron tal cantidad de fondos al gobierno”, ni tampoco es apropiado decir que “el gobierno se niega a dar cuenta del uso de los fondos otorgados”.

Lo pertinente es decir que “los diputados autorizaron tal cantidad de fondos al Órgano Ejecutivo” o que “Casa Presidencial se niega a dar cuenta del uso de los fondos otorgados”.

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Ilustro mi posición con otro ejemplo del mal uso del lenguaje político: en varias ocasiones algunos funcionarios públicos han utilizado el término rompimiento del orden constitucional, para acusarse mutuamente de injerencia en las facultades de cada uno, de bloqueos sistemáticos para afectar su funcionamiento, etc., pero para que se rompa el orden constitucional de un país es necesario que exista una clara violación a las normas del Derecho Constitucional y esto sucede cuando se produce un Golpe de Estado, el cierre del Poder Legislativo o se vulnera la seguridad jurídica dentro del Poder Judicial, y afortunadamente ninguna de las tres cosas han sucedido hasta ahora y ojalá tampoco sucedan.

Cuando Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales en febrero del año pasado, se dijo que había acabado con el bipartidismo en nuestro país, pero se habla de un formato bipartidista siempre que la existencia de terceros partidos no impida que los partidos principales gobiernen solos, es decir, que no necesiten de otros partidos para gobernar; esto claramente no pasa en El Salvador donde los apoyos de fracciones minoritarias en la Asamblea Legislativa son necesarias para permitir la gobernabilidad. Más aún si pensamos que el presidente Bukele no cuenta con una bancada legislativa propia que lo respalde, pues su partido Nuevas Ideas no ha competido nunca en elecciones de ningún tipo. Además sostengo que nuestro sistema de partidos no es bipartidista por cuanto para que este se dé es necesario que se cumpla como condición la existencia de dos partidos que se encuentren en condiciones de competir por la mayoría absoluta de escaños, no de votos, y que uno de los dos partidos logre conseguir una mayoría parlamentaria suficiente como para gobernar en solitario. Esto tampoco se cumple en el caso salvadoreño.


Incluso hay otro elemento a considerar, la alternancia como característica propia del bipartidismo, la cual en nuestro país se da por primera vez después de 20 años de gobierno del partido ARENA que debe entregar el control del Órgano Ejecutivo al FMLN; y la segunda se da, luego de 10 años de gobierno del Frente, que debe entregar el control del Ejecutivo a Nayib Bukele. Por lo tanto, en este caso es apropiado hablar del rompimiento de una “hegemonía partidaria” más que de bipartidismo.

Creo que los funcionarios públicos (aunque también aplica para analistas, periodistas, generadores de opinión, etc.) deberían hacer el esfuerzo de utilizar términos más exactos cuando quieran señalar alguna postura, responsabilidad o acción asumida por determinada persona o institución, ó simplemente para expresar sus ideas en el contexto del ejercicio del quehacer político como una muestra de cognición y apropiada expresión lingüística.





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