La administración que concluye su período tuvo a su cargo la implementación de la entonces novedosa ley de acceso a información pública, y es suyo el mérito de crear la institucionalidad mínima para que ésta diera sus primeros resultados. Pese a sus logros iniciales, las autoridades salientes no lograron ganar uno de los principales atributos que conlleva la aplicación de una verdadera transparencia estatal: la confianza.
La implementación de una verdadera política de transparencia constituye una fuente de legitimidad del poder. Más transparencia traerá más crítica y más investigación periodística, pero también una renovada autoridad moral a los actos del poder.
Lo contrario, sería volver a los días del secreto de estado, o como ocurrió en años recientes: a una transparencia plagada de reservas genéricas y de blindaje arbitrario ante las demandas de información de los gobernados, o peor aún, a la censura mal disimulada. Más transparencia y confianza, es el binomio necesario que debería seguir la próxima administración presidencial.