En este escenario frenético se confrontan dos proyectos políticos -con sus matices-: uno neoliberal, auspiciado por los organismos financieros internacionales y un grupo de países dominantes con dóciles gobiernos en contubernio con poderosos grupos locales que concentran cada vez más riqueza, expoliado a nuestras pobres economías; frente a otro programa (imperfecto, como toda obra humana) que lucha por la defensa y promoción de programas sociales, en función de un modelo económico productivo capaz de superar las desigualdades, aportando justicia, equidad y sustentabilidad.
En esa permanente confrontación, cada proyecto construye correlación favorable a su visión programática. En ocasiones, unos imponen posturas de fuerza desde los poderes del Estado, generando la reacción de sendas movilizaciones de calle que pueden conducir a la desestabilización. En otras, el equilibrio de las correlaciones, unido a la voluntad política, puede decantar racionalmente en negociaciones de intereses bajo el amparo del marco democrático y fortaleza institucional de cada sociedad.
Ecuador es ahora escenario de este proceso de lucha. Una de las extensiones más pequeñas de Suramérica -14 veces más grande que El Salvador-, posee 283,561 kilómetros cuadrados, con 17 millones de habitantes. Es un territorio que se extiende desde la rica costa pacífica y Galápagos hasta las cumbres andinas, descendiendo hasta la Amazonia. Cuenta con un gran número de ríos que le aportan la mayor capacidad fluvial del mundo, cubriendo el 93 % de sus necesidades de energía con generación hidroeléctrica. Su producción energética es de 5,263 MW para una demanda de 3,816 MW. La acertada política pública del expresidente Rafael Correa lo convirtió en un país exportador de energía limpia y renovable.
Ecuador no escapa al drama sufrido por países latinoamericanos con gobiernos dictatoriales, que bajo la anuencia y soporte de administraciones norteamericanas dominaron a sangre y fuego hasta generar el hastío de los pueblos, quienes se alzaron en movimientos de lucha popular contribuyendo a la construcción de frágiles procesos democráticos en los 80, como ocurriera en el propio Ecuador con el legendario “Alfaro Vive Carajo”. Esta fue la semilla de la sucesiva caída de los gobiernos neoliberales y represivos de Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
Ecuador tuvo siete presidentes en 11 años y en este periodo se aceleró la migración de más de dos millones de ecuatorianos al exterior, abatidos por la imposición de medidas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que derivaron en privatizaciones, aumento de precio a los combustibles y del transporte público, crisis financiera bancaria y dolarización; siendo los mayores protagonistas de la lucha social de estas defenestraciones la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Ecuador es un país en vías de desarrollo, con una modesta producción petrolera de 539,000 barriles diarios; es el mayor productor y exportador mundial de plátanos, cacao y flores, con mucha riqueza minera en expansión y superávit energético. Es reconocida la significativa disminución de la pobreza durante la década del gobierno del expresidente Correa y el avance en el acceso al agua potable, energía limpia, preservación de la vida de ecosistemas terrestres, ciudades y comunidades sostenibles, mediante un vasto programa de inversión social.
La crisis que vive Ecuador no surge de una nube virtual, sino de la realidad, del alto costo de la vida. La crisis detonó tras la decisión del presidente Lenín Moreno de aplicar “medicina amarga” -frase coloquial para designar la imposición de dolorosos paquetes económicos neoliberales “recetados” por el FMI-. Un severo recorte de programas sociales, el retiro del subsidio al combustible, incremento en el pasaje del transporte público; flexibilización laboral, reducción de salarios, cierre de puestos de trabajo y una reforma tributaria que golpea a sectores populares, beneficiando a los grupos económicos pudientes, fue la cucharada que arrugó bolsillo y el alma de los ecuatorianos.
La imposición de este “paquete” desencadenó la indignación y protestas de amplios sectores populares, hasta que lograron la derogatoria del fatídico decreto 883, derrotando la brutal represión de un régimen sostenido por Estados Unidos, con el respaldo de gobiernos conservadores como Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú. Una vez más en Ecuador se impuso la audacia y correlación de la persistente lucha de los pueblos originarios en alianza con amplios sectores sociales y populares. El presidente Lenín Moreno que llegó al gobierno con los votos de una izquierda que nunca imaginó los “remedios” que le harían tragarse. Con esta derogatoria el Presidente reconoce la legitimidad de la protesta social.