Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 83 votos (dos a mano alzada) el decreto de disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión, con el fin de frenar la ola de violencia que se vive en El Salvador.
"Una diputada estaba en el servicio sanitario y se había levantado porque tenía una emergencia", dijo Rodrigo Ávila, al comentar el por qué hizo falta un voto.
En la plenaria de este viernes estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz y varios funcionarios que conforman el gabinete de seguridad.
"No podemos seguir esperando que en el futuro tengamos que volver a ser testigos de masacres, el pueblo salvadoreño sabe que medidas extraordinarias es para su seguridad y tranquilidad", aseguró en una conferencia de prensa el vicepresidente, esta misma tarde.
"Este tipo de acciones y decisiones que estamos tomando como Estado y como país, el pueblo salvadoreño lo va a ver bien porque sabe que es para mejorar su seguridad", agregó en su intervención en el pleno.
Más tarde, el presidente, Salvador Sánchez Cerén, confirmó que sancionaba el decreto.
Sancionando Decreto disposiciones especiales y extraordinarias en centros penitenciarios. #ElSalvadorSeguro pic.twitter.com/0PX4ztHzPq
— Salvador Sánchez (@sanchezceren) April 1, 2016
En plenaria y votación
De acuerdo con lo manifestado por Guillermo Gallegos de GANA y de la comisión de Seguridad, que previamente estudió el anteproyecto de decreto, las medidas entrarían en vigencia este mismo viernes, 1 de abril, ya que está reservado el espacio en el Diario Oficial. Las declaraciones fueron brindadas previo a la votación.
"Sabemos que en centros penales se originan directrices para extorsión, asesinato, tráfico", indicó el diputado.
Con estas nuevas disposiciones, de acuerdo con el parlamentario, el Ministerio de Justicia y Seguridad, tendrá derecho a remover torres y cortar cables de las telecomunicaciones, que estén cerca de los centros penales.
El decreto tendrá vigencia de un año y tiene 10 artículos. El artículo 2 faculta a tomar las siguientes medidas: traslado de privados de libertad, limitación al desplazamiento de internos, restricción de visitas de toda clase a los reos, participación obligatoria en actividades reeducativa y de formación de hábitos de trabajo, y otras “que sean necesarias”.
Los centros penales en los que se aplicarán las disposiciones aprobadas son Chalatenango (norte), Ciudad Barrios (nordeste), Cojutepeque (este), San Francisco Gotera (nordeste), Izalco (oeste), Quezaltepeque (noroeste) y el de máxima seguridad en Zacatecoluca (sureste).
Durante la plenaria, diputados de ARENA, Rodrigo Ávila, Mauricio Vargas y Norman Quijano, pidieron al gobierno acciones concretas.
"No queremos ilusiones, queremos soluciones, es hora de actuar y dejar justificaciones", dijo Vargas.
En la intervención vespertina, Ortiz habló de que ya se prepara un grupo de reacción rápida de militares para los próximos días, pero, que la propuesta también será estudiada por la comisión.
De acuerdo con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, serían 600 hombres de la Fuerza Armada y 400 agentes PNC que conformarían un trabajo conjunto en ciertas zonas del país. "Esperamos invitar a la Fiscalía... La idea será hacer labores especiales, sobre todo en las zonas rurales, necesitamos una fuerza de reacción rápida".
"La Fuerza Armada ha visto muy bien la madurez con la cual las diferentes fracciones políticas, que conforman nuestra Asamblea han actuado, y han conformado un solo grupo de lucha para enfrentar uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento que es la delincuencia", agregó este funcionario.
Las autoridades salvadoreñas acusan a las "violentas" pandillas de la ola de homicidios que sitúan a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, con 1.621 crímenes entre el 1 de enero y 9 de marzo pasados y una media de 23 muertes al día.
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Tras la aprobación de estas disposiciones, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, deberá llegar cada 30 días a la Asamblea a dar un reporte de cómo van funcionando cada uno de estos puntos:
