Desde 2018, Presidencia presentó varias versiones legales con las que ha frenado auditorías a gastos reserva-dos. / DEM
El secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar, expresó argumentos para no entregar la información de los fondos reservados a la Corte de Cuentas de la República (CCR), que pidió auditar dichos gastos desde el 22 de junio de 2018.
Según los argumentos del funcionario, el carácter reservado aplicaría incluso para la CCR. “Son reservados, pero eso está, totalmente, legalmente, hecho. Hay que tener cuidado de no asociar como si los fondos reservados es sinónimo de robo, corrupción, eso no es así, existen en todos los países del mundo y son legales, los aprueba la Asamblea, se llevan registros”, declaró Melgar a Diario El Mundo.
Sostuvo que el Gobierno usa los fondos en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y su director únicamente puede dar informes de cómo se han utilizado al Presidente de la República.
“Lo que prohibe la Ley del OIE es a que el director dé información a otra persona que no sea el presidente de la República, el artículo 8, es una de las razones”, indicó.
El secretario se refiere a que ese articulado de la Ley del OIE expresa que todos “los asuntos, actividades, documentación sobre los cuales conozca y produzca el OIE serán considerados clasificados, cuyo manejo corresponderá al Presidente de la República”. Recomendó a la CCR que pida reformar la Ley del OIE.
La Sala de lo Constitucional emitió una sentencia, el 25 de agosto de 2010, en la cual declaran que dichos gastos públicos siempre están sujetos a fiscalización. En una sentencia del 26 de febrero de 2018, a una demanda de amparo, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Presidencia informar de los gastos de operación del OIE y a documentar las contrataciones laborales para ser fiscalizadas, en partida presupuestaria.
La presidenta de la Corte de CCR, Carmen Elena Rivas, sugirió “romper límite que tiene la Ley de Inteligencia del Estado”, que consideró que como ley vigente debe ser respetada.
“Habría que romper ese límite que tiene la Ley de Inteligencia del Estado como nuestra ley para poder hacer una trazabilidad y llegar a que se puedan auditar esa parte de gastos reservados sin ninguna limitante”, expresó.
Señaló que la CCR hizo un esfuerzo y, en un análisis con la Dirección Jurídica de la CCR, han llegado a la conclusión de que los elementos que les han presentado, “siendo la ley de Inteligencia del Estado una ley vigente en el mandato legal, también tiene ese carácter, que debe ser respetado”.
La CCR continua analizando los alegatos de Presidencia para ver si insisten o no en el examen especial a los gastos reservados de 2013 a 2018.
Secreto de Estado
Casa Presidencial dijo el 19 de julio de 2018 que los gastos reservados son “secreto de Estado”.
