El funcionario señaló que $5 millones es para cubrir las operaciones de los 28 recintos y $10 millones restantes para la alimentación de los reos.
Rivas dijo ayer, en la entrevista de Frente a Frente, que el déficit presupuestario se debe al despilfarro de la administración anterior.
“Había despilfarro de recursos, se hacían compras innecesarias, hemos encontrado que se compraban refrigeradoras en $17,000, que se compraban carritos de hot-dog, no sé cuál era el uso que se les daba a estos carritos de hot-dog. Había un derroche de recursos, despilfarro. Vamos a reorientar ese dinero para labores de represión, labores de reinserción”, aseguró el ministro ayer.
La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $440.05 millones para el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y hasta abril de este año, esa cartera de Estado tenía disponible $299.08 millones para ejecutar el resto del año. Según el presupuesto votado del ministerio, la Dirección General de Centros Penales tenía asignado $48,252,190 para este año en concepto de administración del sistema penitenciario y $19,026,645 más para el concepto de desarrollo penitenciario. La ejecución del presupuesto de la dirección de Centros Penales no está disponible.
Además, la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social establece que en el ejercicio fiscal que haya cambio de gobierno, “queda prohibido a la administración saliente, la ejecución del gasto corriente en una proporción superior al 40 % del total de la asignación presupuestaria de gasto corriente, para ese ejercicio fiscal”.
El fin de semana, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, anunció en Twitter que prepara una solicitud de $15 millones que pretenden dirigir al plan de control territorial que inició el pasado 20 de junio, con la finalidad de dar alimentación a elementos policiales y militares.
Autosustentabilidad
El ministro Rivas también señaló que buscarán que los reos produzcan su propia comida “en Mariona se está preparando un plan financiero para que sea autosostenible y que esto sea replicado en los 27 centros penales. Representa una carga importante al Estado, representa $46 millones al año”, dijo en la entrevista.
