La misión, liderada por Alina Carare, visitó el país del 12 al 16 de noviembre y se reunió con funcionarios del Ejecutivo, candidatos presidenciales y representantes del sector privado.
“La economía salvadoreña marcha bien. Con el apoyo de una demanda interna sólida, la economía creció 2.8 % en términos reales durante la primera mitad de 2018, alrededor de medio punto porcentual por encima del potencial estimado del país”, indicó la misión en un comunicado difundido ayer por la tarde.
No obstante, el Fondo señaló que los ingresos obtenidos con la amnistía fiscal y los ahorros generados por la reforma de pensiones “se verán erosionados por el alto y creciente gasto en intereses” de la deuda pública.
Hasta septiembre de este año, la deuda pública representó cerca del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño, señaló el FMI, y según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), el Sector Público No Financiero (SPNF) pagó $752.91 millones en intereses hasta ese mes, $103.58 millones más que en el mismo periodo de 2017.
Llamado a la Asamblea
La misión indicó que en un contexto donde las condiciones financieras globales son ahora más duras, que El Salvador enfrente una brecha de financiamiento de $1,400 millones es un riesgo para las perspectivas económicas.
En ese sentido, recomendó al país mantenerse en la senda de la disciplina fiscal y lograr un pronto acuerdo político para asegurar el financiamiento de las obligaciones del Gobierno. “En especial, alentamos a la Asamblea Legislativa para que apruebe de manera oportuna el presupuesto de 2019”, señaló en el comunicado.
Además, instó al congreso a aprobar la propuesta gubernamental para refinanciar la deuda que vence entre 2019 y 2024. El 24 de mayo de este año, el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea dos propuestas de decretos para poder colocar en el mercado nacional o internacional $3,257.713 millones en títulos valores, fondos que se utilizarían para pagar bonos y Letras del Tesoro Público (Letes). El primer decreto solicita la emisión de $2,457.71 millones en bonos que servirían para pagar siete emisiones de deuda con vencimientos entre 2019 y 2024. Una de ellas vence en diciembre del próximo año.
El FMI señaló que el Órgano Legislativo también debe aprobar la ley de factura electrónica y las reformas propuestas por el Gobierno para la ley de responsabilidad fiscal, modificaciones que consideró “un paso en la dirección correcta”.
“Una consolidación fiscal continua asegurará que la deuda pública disminuya, y junto con ella, las generaciones futuras se beneficiarán del crecimiento sostenible”, indicó el organismo.
FMI insiste en que debe reducirse la deuda pública
Si bien el FMI consideró que las reformas propuestas a la ley de responsabilidad fiscal representan un paso “en la dirección correcta”, señaló que “debería garantizar que la deuda se coloque firmemente en una trayectoria decreciente”.
El organismo indicó que las modificaciones que propuso el Ejecutivo limitan la evasión fiscal y aspira a reducir el consumo del Gobierno.
En febrero pasado, cuando otra misión técnica visitó el país, recomendó endurecer la meta de deuda pública contenida en la ley. En ese momento sugirió que ésta no superara el 50 %, no el 65 % aprobado.