Me he permitido leer el informe preliminar completo del relator especial de las Naciones Unidas, señor Fabian Salvioli, en su visita a El Salvador realizada entre el 23 de abril al 3 de mayo del corriente año, el cual, entre sus muchas recomendaciones, propone quitarle el nombre del coronel Domingo Monterrosa a un destacamento militar que la fuerza armada con orgullo ha denominado así.

No me sorprende que el informe de marras recomiende, entre tantas sugerencias (41 en total), porque de la simple lectura del mismo se dibuja que el autor ha sido moldeado con los mismos implementos de las herramientas de los instrumentos izquierdistas que desde hace ya varias décadas muestran quienes por intereses particulares se presentan en nuestro país a defender a la izquierda política internacional, bajo la cobertura de los “derechos humanos” pero evadiendo las violaciones a esos mismos derechos de quienes no piensan ni actúan política ni socialmente como ellos. Es importante destacar –y el mismo Salvioli lo confiesa– que su visita obedece, a invitación realizada por el gobierno central (del FMLN) lo cual explica las visitas a los lugares y referencias a las “víctimas” de las fuerzas de la “derecha” (léase, el ejército salvadoreño), y todo tipo de “masacres, y delitos de lesa humanidad y guerra”, pero en ningún lugar del documento se mencionan crímenes contra funcionarios del gobierno legítimamente establecido, o particulares como los que a continuación citamos, por si acaso por su condición de ciudadano argentino no los conoce, y los desea incluir en su informe final a la ONU.

Nos referimos a los asesinatos del Dr. Rubén Alfonso Rodríguez, Presidente de la Asamblea Legislativa; Carlos Antonio Herrera Rebollo, Ministro de Educación; Walter Béneke, Ministro de Educación; Francisco Peccorini Letona, ideólogo y exjesuita; Dr. José Antonio Rodríguez Porth, Ministro de la Presidencia; Dr, Roberto García Alvarado, Fiscal General de la República; Lic. Edgar Chacón, ideólogo; Ing. Gabriel Payés, ideólogo; Dr. Francisco José Guerrero, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, y los ciudadanos Ernesto Regalado Dueñas y Roberto Poma, secuestrados y asesinados; Sr. Orlando De Sola, industrial; Ing. Mauricio Borgonovo Pohl, Ministro de Relaciones Exteriores, secuestrado y asesinado; Sr. Luis Méndez Novoa, Sr. Ernesto Sol Meza, Sr. Fujio Matsumoto, Sr. Tomás Armando Monedero, Sr. Ernesto Liebes, Sr. Luis Escalante Arce, Embajador Archibald Gardner Dunn, y muchos otros más, que también tienen familias afectadas, por las que el señor Salvioli no solicita reparación, ni pide juicio ni castigo para los responsables de esos crímenes.

El informe que comentamos tampoco menciona las publicaciones ni los casos en que aparecen los responsables de los crímenes de la Zona Rosa, ni los cometidos por el guerrillero Mayo Sibrián, ordenados por su jefe, para que exista una acción realmente reparadora. Muy por el contrario, exige juicio y castigo para los responsables de un lado de los participantes en la guerra, y de­secha como mecanismo de impunidad una declaración de amnistía, a sabiendas de que es totalmente imposible, a 30 años de los sucesos de la guerra, juzgar con certeza y equidad cada una de las 75,000 muertes ocurridas.

A modo de ver de muchos salvadoreños, la presencia de Salvioli al término del gobierno del FMLN, no deja de ser un último intento por rescatar una imagen decaída de un gobierno fallido y desprestigiado que no supo llenar las expectativas creadas en quienes creyeron en las promesas de sus líderes, quienes durante diez años, engañaron a sus seguidores con promesas e ilusiones. La presencia de Salvioli, no deja de ser el último acto de una novela de mala calidad, en la que se involucra a una institución cada vez más desprestigiada.

Pretender que se inicien juicios penales sobre hechos sucedidos hace más de 30 años, no solamente es ilusorio, sino que denota claramente que el irrespeto por la soberanía de nuestra patria existe aún. Vaya Salvioli a su Argentina. Allí tiene a sus Kichner y socios para darse gusto con sus derechos humanos.