La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó ante la Relatoría Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), la documentación del caso de detención arbitraria del periodista Víctor Barahona.

El comunicador fue detenido en el marco del régimen de excepción acusado de colaborar con pandillas, en julio de 2022, periodo en el cual ha testificado que fue trasladado en varias ocasiones a diferentes centros penales.



La APES aseguró en un comunicado que buscan “dar visibilidad al caso y solicitar medidas de protección específicas para garantizar la protección integral” de Barahona, quien estuvo detenido durante 11 meses.

“A través de este mecanismos los expertos pueden solicitar a las autoridades implicadas que tomen medidas para prevenir o poner fin a las violaciones, investigarlas, llevar a los responsables ante la justicia y asegurarse de que las víctimas o sus familias disponen de recursos”, aseguró la asociación de periodistas en el comunicado.

El caso

Víctor Barahona se desempeñaba como presentador del programa “Análisis con la comunidad” en canal 29, de Apopa en 2022. La denuncia por su detención efectuada el 7 de junio fue publicada en redes sociales por Radio Tu Onda Club, donde también colaboraba.

“Estuvo detenido durante 11 meses sin haber cometido delito alguno, en circunstancias que plantean serias preocupaciones sobre la legalidad de su detención”, aseguró la APES.
Barahona fue liberado el 5 de mayo de 2023.

El 27 de julio del mismo año el comunicador enfrentó una nueva audiencia en el Centro Judicial Isidro Menéndez, fecha en la que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, decretó que seguiría en libertad como medida alterna a la detención.

Al recobrar su libertad, Víctor Barahona expuso una serie de torturas físicas y psicológicas cometidas por parte de las autoridades penitenciarias, además de ser trasladado a diferentes recitos carcelarios.

De acuerdo a la APES, estas denuncias ocasionaron que la Fiscalía General de la República solicitara nuevamente la detención del periodista, acusado de agrupaciones ilícitas.

La APES aseguró sobre Barahona que: “Tras su liberación, sus prácticas periodísticas se han visto reducidas; el canal donde trabaja canceló su contrato y se modificó el enfoque de las entrevistas en el programa de radio donde aún labora”.