De acuerdo con la Fiscalía General de la República, buscan incorporar prueba testimonial, documental y pericial, que en la etapa de instrucción fue declarada “impertinente”. La defensa aseguró que dentro de la pericia que quieren sea aceptada están estados financieros y bancarios. La audiencia finalizó, pero la resolución sobre si el tribunal admitirá o no la prueba se dará a conocer en otra fecha.
Según abogados ligados al caso, la prueba ya fue declarada "impertinente" por el Juzgado Tercero de Instrucción en la audiencia preliminar, sin embargo, la Fiscalía busca que se logre incorporar como prueba y que sea discutida en el juicio.
El juicio de este caso está programado para desarrollarse del 20 al 30 de agosto del 2024, a las 9:30 de la mañana, en el Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador.
En el caso son procesados el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Pohl Alfaro; el exsecretario privado de Sánchez Cerén, José Manuel Melgar Henríquez; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo Belarmino López, y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández.
Todos en calidad de reos ausentes, a excepción de Calixto Mejía, quien está presente y goza de medidas sustitutivas a la detención. La Fiscalía General de la República sostiene que los exfuncionarios de la gestión Funes recibían dinero extra a sus salarios en concepto de “sobresueldos” y salían supuestamente de la partida secreta de Casa Presidencial. Según detalla la acusación, el dinero era transferido desde el Ministerio de Hacienda a la Presidencia sin el aval de la Asamblea Legislativa.
Por este caso ya fueron condenados la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; y el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, tras someterse a un proceso de juicio abreviado, donde se les impuso la pena de tres años de cárcel, sustituida por trabajos de utilidad pública. Sánchez Cerén reside en Nicaragua junto a su familia, donde obtuvieron asilo político del dictador Daniel Ortega; posteriormente fueron nacionalizados. Constitucionalmente, Nicaragua prohíbe entregar en extradición a sus ciudadanos