"Por cuanto deberá de reiterarse dicho orden de libertad al Director del Complejo Penitenciario La Esperanza y al Director General de Centros Penales, y una vez se han efectiva la misma, los acusados cumplan las medidas sustitutivas decretadas en su contra", manifiestan en una resolución con fecha 7 de junio los tres jueces del Tribunal Quinto de Sentencia .
Los jueces aseguran que en enero le pidieron un informe al director del penal La Esperanza, conocido como "Mariona", donde está detenido el exministro y también Ramón Fernando Roque Mártir, el exinspector de Centros Penales, sobre si están a la orden de otro juzgado para entender el no cumplimiento de la orden judicial, pero hasta la fecha no han emitido el informe.
En el caso de Ramón Roque, el tribunal informó que fue sometido a un reconocimiento médico forense de salud, el cual arrojó como recomendación que sea evaluado de manera ambulatoria en el Hospital Nacional Zacamil para un control médico adecuado de la presión arterial y de enfermedad renal crónica estadio tres. El Tribunal ordenó al penal de "Mariona" hacer las gestiones para su traslado a revisión médica.
Nueva fecha de juicio
El reiterado llamado del tribunal lo hace en un contexto sobre la suspensión del juicio que estaba programado para este martes 11 de junio, en contra de ambos procesados y otras personas en el caso denominado como "Asocambio". La nueva fecha del juicio fue reprogramado para el 12 de agosto del 2024,a las 9:00 de la mañana. En la notificación adelantan que el juicio será en modalidad virtual.El tribunal aseguró que la suspensión del juicio es porque chocó con la continuación de la audiencia de vista pública en contra del expresidente Mauricio Funes, por el caso conocido como "regalía de avioneta".
Ayer, el Comité de Presos y Presas Políticos en El Salvador denunció "seis meses de secuestro" del exministro al no cumplir con la resolución del tribunal.
El exministro de Seguridad junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.