El Comité de Presos y Presas de El Salvador (Cofappes) denunció este lunes que la Dirección de Centros Penales lleva seis meses de incumplir una resolución judicial que ordena la liberación del exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó el pasado 11 de diciembre poner en libertad Mauricio Ramirez Landaverde y al exinspector de Centros Penales, Ramón Roque, por vencer el plazo máximo de detención provisional.

“Este 11 de junio se cumplen seis meses del secuestro por parte del gobierno de Bukele del compañero Mauricio Ramírez Landaverde exministro de justicia y segurida, junto a Ramón Roque, exinspector general para centros penales”.
Comunicado de Cofappes.


Señalan al director de Centros Penales, Osiris Luna, de incumplimiento de las resoluciones, cometiendo delitos como desacato, incumplimiento de deberes y privación de libertad. “El director del centro penal La Esperanza conocido como Mariona, y al señor Bukele, por atentar contra los derechos humanos de los dos detenidos en calidad de secuestro”, sostiene el Comité.

El comité explicó que han realizado una serie de acciones tanto en los juzgados, ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para obtener que la liberación, sin embargo, no han obtenido respuestas.

Afirman que la detención en la que se encuentran es arbitraria, por lo que exigen su pronta liberación. El exministro de Seguridad junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).

La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.

El pasado 11 de diciembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador resolvió cesar la medida de detención arbitraria en contra de ambos acusados, tras vencerse el plazo máximo de 24 meses en detención provisional, sin que su situación jurídica se aclare. Sin embargo, Centros Penales no lo libera.