La forzada y atropellada apertura económica y social, después de la imposición de una larga cuarentena gubernamental, ocurre por la presión de un alto porcentaje de población que sufre una precaria condición, solo comparable con la desesperada angustia, por respirar y salir, de quien se ahoga por inmersión.

Esta desordenada estampida por la sobrevivencia de conglomerados urbanos, mercados populares, sector informal, rebasa atropelladamente el diseño de protocolos que en muchos casos son desconocidos por la gente. No se inculcó oportuna conciencia sobre la necesidad de prevención, en una sociedad con carencias de desarrollo humano, creciente informalidad económica, extrema pobreza, precariedad del hábitat comunitario, en el que a duras penas subsiste un alto porcentaje de población condenada a la mísera expectativa de sortear y sobrevivir cada día.

El objetivo de la cuarentena debió ser contener la epidemia, para ganar tiempo de preparar la capacidad de respuesta consciente y organizada de la población; asimilando los procedimientos de prevención tales como: acostumbrar el distanciamiento social de no menos de dos metros, así como una frecuente y correcta lavado de manos; uso permanente de mascarillas apropiadas; crear el hábitos de desinfección de todo lo que ingresa al espacio de una vivienda o local de trabajo y generar estrategias sostenibles para garantizar el acceso a medios de protección, a quienes menos tienen. Sin embargo, el énfasis coercitivo y represivo del gobierno no contribuyó a educar y concientizar a la población y lamentablemente la millonaria comunicación se diluyó en derroche publicitario.

El gobierno debió asumir la responsabilidad de dotar de materiales de protección y prevención a la población, o al menos asegurar precios accesibles para desinfectantes, mascarillas de calidad, hoy difíciles de adquirir debido al sobreprecio impuesto por la voracidad de funcionarios de gobierno que hacen negocio de la calamidad.

A nivel de infraestructura hospitalaria es injustificable descartar la construcción de hospitales temporales, -tal como lo hicieron de manera exitosa, ágil, económica y funcional otros países-, estratégicamente distribuidos de acuerdo a zonas y densidad poblacional. A nivel de insumos médicos es alarmante la queja creciente del personal de salud por no disponer de los recursos idóneos y suficientes para protegerse y desempeñar su trabajo.

La estrategia y planes de trabajo gubernamentales -si es que los hubo- fallaron, así como la incapacidad operativa de un gabinete descohesionado, anulado por la inseguridad del enfermizo centralismo presidencial. Las medidas arbitrarias y estilo arrogante del presidente reflejan desconocimiento sobre las particularidades sociales, económicas y culturales del país y encubren el mezquino interés de su agenda política electoral. Confrontar y dinamitar los puentes de diálogo y consenso, en medio de la crisis, ha sido un grave error del presidente Bukele: anula con sus acciones cualquier posibilidad racional de alcanzar acuerdos entre poderes de Estado, excluye la opinión y participación de sectores sociales y cierra la posibilidad de cohesionar y construir unidad nacional ante la amenaza viral.

La acumulación de errores en el manejo de la pandemia, como sobrecargar de labores al personal sin protección adecuada, ocasionan un creciente número de contagios que rondan los 5000 casos; de estos, la mitad corresponden a empleados públicos que no fueron adecuadamente capacitados y equipados, solo en el área de salud hay más de 900 contagios y otros tantos son empleados de las oficinas centrales del CONNA, CISNA, ISBM, ISNA y del call center 132. El énfasis represivo contribuyó a infectar a más de 700 policías, más de 150 militares y custodios de centros penales.

Es reprochable desde todo punto de vista la desconfianza que produce la manipulación de números y estadísticas gubernamentales sobre la evolución de la pandemia, así como la misteriosa planeación de las pruebas clínicas para comprobar contagios, o la presencia de oscuros y desconocidos asesores ajenos a la institucionalidad de la salud pública, cuando lo que se requiere es generar mecanismos transparentes de acceso a información creíble, con la participación de gremios médicos, especialistas y universidades.

Es previsible que el cúmulo de negligencias, la manipulación política electoral de la crisis por parte del presidente Bukele, la apertura económica y social sin preparar debidamente a la población, la falta de acuerdos entre poderes de Estado y los consecuentes vetos, lleven al país al desborde del número de contagios, justo cuando el país está al borde del abismo económico y productivo, con un dramático impacto por la caída del empleo y el ingreso familiar. Este panorama exige, a la brevedad, generar los mecanismos de mediación calificada que contribuyan a construir consensos y acuerdos para enfrentar la inevitable profundización de la crisis.