Juana de Jesús y María Berta, familiars de víctimas


Tres hermanos de la familia Realegeño Bonilla esperaron 38 años para recuperar los restos de sus familiares masacrados en el conflicto armado en El Calabozo, San Vicente. Bajo el sol intenso del 23 de enero de 2020, tomarse solo media hora más parece eterno: llegaron para reclamar las osamentas de su madre, padre, hermanos y una cuñada al Instituto de Medicina Legal en San Salvador.

“Yo les conocí la ropa cuando los vi. Después que los mataron les echaron ácido, las carnitas ya se les caían cuando quisimos levantarlos para sepultarlos”, recuerda Juana de Jesús, de 66 años. Cuando encontró los restos de su madre, María Lorenza Realegeño y José Bonilla, su padre, junto a sus hermanos María Alicia, Santos Marta y el más pequeño de solo 10 años, Jaime; aún quedaban dos días para que finalizara el operativo militar que les arrebató a más de la mitad de su familia.

La campaña “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” fue ejecutada por soldados del Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Altlacatl, el Batallón Belloso, y el destacamento Militar número dos de San Vicente. Según el informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, más de 200 víctimas asesinadas en El Calabozo llegaron hasta el río Amatitán huyendo de la operación antiguerrilla compuesto por al menos 6,000 elementos del ejército, encomendados a “limpiar” los cerros de San Pedro, entre el 17 y 25 de agosto.

“Nosotros no sabemos por qué fue la masacre. Lo que hicieron fue matar a ancianos, niños y gente indefensa”, asegura María Berta Realegeño Bonilla, de 63 años. Junto a sus hermanos Juana de Jesús y Fernando, exige justicia y reparación al Estado salvadoreño, que derogó la Ley de Amnistía en 2016, pero aún no responde por los crímenes de la guerra, a pesar de la exigencia de la Sala de lo Constitucional.

Fernando Realegeño recibe los restos de su padre


Con una rosa blanca en la mano, Berta dice “no quiero perdonar, que paguen lo que han hecho”. “Que hayan reparaciones de las víctimas, que paguen todo lo que hicieron en la masacre, si se puede con la cárcel”, reclama.

“No puedo perdonar. Así como se dieron gusto levantando la manita matando a los nuestros, también que paguen porque la deben. Si ustedes tuvieran así a sus familiares, ustedes sentirían coraje en su cuerpo”, dice Juana de Jesús.

Entre los restos están los de Lorena Ayala, una joven de 14 años con un mes de embarazo. Apenas semanas antes de la masacre, habría tomado la decisión de vivir con Fernando y su familia.