Asesor jurídico de la Presidencia de la República, José Ángel Pérez en conferencia de prensa acompañados de asesor y secretario jurídico de la Presidencia, así como el secretario privado y el ministro de Salud./Cortesía de Presidencia.
El asesor jurídico de la Presidencia de la República, José Ángel Pérez, explicó que el decreto ejecutivo 18, que estableció estado de emergencia por 30 días más a partir de ayer, permite las compras directas de parte del gobierno.
Según el funcionario, la misma Ley de Adquisiciones y Contrataciones permite hacer las compras sin necesidad de hacer un proceso de licitación.
“La misma Ley de Adquisiciones y Contrataciones permite la posibilidad de hacer compras directas cuando se decretan los estados de emergencia, por vía legislativa o ejecutiva, y por lo tanto existiendo esas vías se pueden realizar esas compras; ahora bien, lo más importante es la finalidad que en este caso se persigue cuando se llevan a cabo esas adquisiciones, que en este caso particular lo que se pretende, como se ha dicho con anterioridad, es la tutela de uno de los derechos esenciales para la población, es precisamente la motivación de declarar un estado de emergencia, en este caso el derecho a la salud”, dijo Pérez en la conferencia de prensa de este medio día.
El artículo 11 del decreto 18 autoriza la aplicación de “Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia”, “únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, contratación y atención de la pandemia del COVID-19”.
Según el mismo artículo, las adquisiciones y contrataciones serán para equipar los hospitales, bienes y servicios “respiradores o ventiladores mecánicos, bombas de infusión continuas, monitores cardíacos, electrocardiogramas, camas hospitalarias”, insumos médicos como “mascarilla quirúrgica y mascarillas N95, trajes de protección especial y aislamiento, guantes, gafas de protección”, medicamentos como “lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, cloroquina, interferón alfa 2b, azitromicina”, también ambulancias.
El mismo decreto establece que al final de la emergencia deberán enviar un informe detallado liquidado, a la Asamblea Legislativa en un plazo de 30 días.