El RNT aglutinará, primero, a los trámites del Órgano Ejecutivo y sus dependencias, y luego se añadirán los del Órgano Legislativo, Judicial y municipalidades. En esta herramienta solo se inscribirán aquellos trámites que tengan base legal y al ciudadano solo podrán exigirle lo que esté plasmado en el RNT, explicó Jaime Campos, director ejecutivo del OMR.
La plataforma digital que albergará al registro se encuentra en versión beta, es decir, lista para someterse a pruebas públicas. Además, ya se empezó a alimentar con la información que se recolectó cuando se realizó el costeo de trámites.
El 2 de mayo iniciaría la prueba piloto, la cual durará entre dos y tres meses. En ella participarán siete instituciones, informó Yesenia Salas, especialista en Evaluación Económica del OMR. Éstas son la Dirección General de Aduanas (DGA), los ministerios de Economía (Minec), Agricultura y Ganadería (MAG), Educación (Mined) y Cultura, así como los viceministerios de Vivienda y Desarrollo Urbano y el de Transporte.
“Queremos hacer una prueba piloto lo más apegada al procedimiento de ley. El objetivo de esto es probar la plataforma, comprensión de la información que deben alimentar las instituciones, que haya claridad de lo que debe completarse en cada uno de los campos”, indicó Salas.
Pero también buscan un espacio de retroalimentación para el OMR, pues la LMR establece la ruta general de cómo debe funcionar el registro, por lo que se hace necesario elaborar reglamentos y lineamientos, añadió la funcionaria.
Base legal para los trámites
Después del proceso de costeo de trámites, el segundo paso clave en la simplicación de la burocracia es revisar la legalidad de lo que exigen las instituciones, una evaluación que es el corazón del funcionamiento del RNT.
La LMR ordena a las instituciones inscribir en el RNT solo los trámites que tengan base en leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos o instrumentos derivados de tratados internacionales. El OMR ha encontrado que algunos trámites o requisitos existen porque así lo dictamina una circular, formulario o instructivo, por lo que el proceso de revisar la legalidad “puede implicar eliminarlo si no tiene base legal y si es muy indispensable (el trámite), la institución deberá regularlo”, señaló Campos.
En ese sentido, la prueba piloto del registro también busca obtener insumos que le permitan al OMR determinar la mejor forma de evaluar la legalidad de los trámites y para ello será una guía importante los planes de simplificación que ya elaboraron 11 de los 14 ministerios del Ejecutivo.
En 2018, el OMR concluyó uno de sus primeros trabajos, que fue determinar cuánto cuestan los trámites para los ciudadanos y empresas. El Órgano Ejecutivo genera una carga de $434.35 millones. A partir de esos resultados, el OMR aceleró el paso para que las instituciones crearan su plan de simplificación.
