Una característica relevante de esta administración gubernamental, ha sido la poca accesibilidad informativa que muestran los diversos entes estatales, sobre los aspectos enunciados en el párrafo inicial, mismos que forman parte esencial de lo escrito por la licenciada Molina Escalante. Se habla de haberse realizado muchísimas obras estatales, pero, hasta el momento, han sido hechas públicas sólo unas ligeras informaciones, vagas e inconsistentes, pero sin demostrarnos, con datos auditables y legales, sobre las actividades y obras efectuadas, capital empleado en actividad ejecutada (sólo mencionan cantidades multimillonarias, pero sin corroborarlas con informes financieros, crediticios, bancarios, etc. y sus respectivas auditorías), incluyendo el total en costes, licitaciones, préstamos efectuados, tipo de intereses y períodos de amortización, gestiones a futuro, personal utilizado, etc.
Es un intrincado misterio donde sobresalen algunas entidades más que otras, pero todas enfocadas en la oscuridad informativa. ¿Razón, motivaciones, circunstancias, etc. que han llevado al actual gobierno a ocultar informaciones administrativas y de gastos en las obras que dice haber ejecutado, o que aún ejecuta? ¡Que lo averigüe Vargas! como exclamaban los salvadoreños de antaño para decir que eran aspectos tan resguardados por un régimen, que sólo podían informarse de manera superficial y oscura.
¿O será necesario esperar que otro gobierno, no afín al actual, transparente toda la información que hoy requerimos y que se nos niega sin ningún asidero legal? Tan grande fue la negativa en dar informes que, de diecinueve entidades consultadas por la oenegé TRACODA, sólo tres brindaron los datos requeridos. O sea, según información de este matutino, el 84% de las instituciones públicas “no entregaron la información solicitada por una oenegé reconocida”, mencionándose entre ellas: la Presidencia de la República y Asamblea Legislativa (información incompleta); la Fiscalía General (que rechazó la solicitud) y los ramos de Hacienda, Turismo y Gobernación “que ni siquiera acusaron recibo de las solicitudes”.
Sólo la Corte Suprema de Justicia y los ministerios de Trabajo y Vivienda, cumplieron satisfactoriamente con los datos requeridos. Dejo a la consideración de mis apreciables lectores hacer sus propias valoraciones, no sin antes añadir que este gobierno clausuró al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
En conclusión, tenemos un régimen que se caracteriza por guardar en un baúl de siete llaves, toda la información sobre costos de obras, fuentes de financiamiento, plazos de pago e intereses pactados, etc. etc. Un gobierno elegido popularmente está, por mandato de ley, obligado a informar a todos los ciudadanos sobre esos y otros rubros, que dejen expuestas, a la opinión pública, la honestidad, eficiencia y eficacia del régimen que hoy preside Nayib Bukele, a sabiendas que la transparencia en ejecutar obras, es factor esencial para merecer el apoyo popular de su gestión, pero muy alejado de otras finalidades espurias.