En el literal C del fallo que los magistrados de la Sala emitieron dice: “Certifíquese esta resolución al director general de la Policía Nacional Civil, a fin de que tome las medidas pertinentes para darle cumplimiento a la presente decisión”.
Tras esa resolución dictada el director de la PNC, Mauricio Arriaza, tuvo que haber asignado personal policial para que dé seguridad a la casa donde el magistrado desaforado reside, a fin de que cumpla con el arresto domiciliar y se garantice que Escalante Díaz no salga de su residencia sin ninguna autorización de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal que está conoce el caso en la etapa de instrucción.
La resolución de la Sala de lo Penal da lugar para que la defensa del magistrado, suspendido de sus funciones, pueda recurrir presentando un recurso de revocatoria que la misma instancia superior tendría que resolver, pero se desconoce si los abogados de Escalante Díaz harán uso de ese derecho que la ley les confiere.
El 26 de marzo de 2019, los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, a pesar que la Fiscalía pidió decretar detención, no accedieron y otorgaron medidas alternas a la detención, pero la Sala de lo Penal, tras estudiar una apelación del Ministerio Público, revocó las medidas e impuso el arresto domiciliar.