“En los próximos días vamos a presentar propuestas para viabilizar un proyecto de ley que responda a la sociedad, al país, que tenga el compromiso de todos los sectores del Estado, y que en el centro esté el interés y la situación de las víctimas”, afirmó en una conferencia de prensa.
En 2016, la Sala de lo Constitucional expulsó del orden jurídico la Ley de Amnistía de 1992, y ordenó a la Asamblea Legislativa legislar una nueva ley que garantice el acceso a la verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
Fue hasta el pasado 26 de febrero que, con 44 votos, la Asamblea aprobó una ley para dar respuesta a la Sala; sin embargo, el contenido fue ampliamente rechazado por dar beneficios carcelarios a criminales de guerra e imponer un plazo a las investigaciones.
El anteproyecto, elaborado por asesores jurídicos bajo la dirección del presidente legislativo, Mario Ponce, fue calificado como “amnistía de facto” por parte de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Aún acatando parte de las observaciones de la ONU, la ley aprobada por la Asamblea recibió duras críticas de defensores de derechos humanos, y fue sometida al control constitucional del Ejecutivo.
El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó la legislación por inconstiucional, y la Sala aún no se pronuncia.