La reforma a los estatutos del partido debe ser discutida en tres organismos internos que, según fuentes del instituto político, tienen un dominio del 50 % por la dirigencia saliente.
La reforma se incluiría en un capítulo dedicado a la ética de los funcionarios y militantes del partido. Actualmente el Tribunal de Ética del FMLN se encarga de sancionar a los militantes señalados de violar su carta de principios y objetivos, pero no regula sanciones expresas a funcionarios y militantes vinculados o señalados de actos de corrupción.
Varios funcionarios y militantes del FMLN han sido investigados o señalados por supuesta corrupción.
José Luis Merino, alto dirigente del FMLN, relacionado a la sociedad Alba Petróleos, fundada con fondos estatales de alcaldías salvadoreñas y una petrolera venezolana, ha sido acusado de lavado por un senador estadounidense, e investigado por la Fiscalía salvadoreña.
Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y del Organismo para la Promoción y Exportaciones de El Salvador (Proesa), una oficina del gobierno central, está siendo investigado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por posible enriquecimiento ilícito.
Ortiz también tiene un proceso activo en la Probidad de la Corte Suprema de Justicia y ha sido señalado públicamente por haber creado la sociedad Montecristo con José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo”.
La fuente dice que el caso de Eugenio Chicas, exsecretario de comunicaciones del Gobierno anterior del FMLN, sentó un precedente para pedir la reforma a los estatutos. Se refiere a que Chicas renunció a su militancia del FMLN para enfrentar un proceso judicial en su contra.
Solo tres periodos
La reforma a los estatutos también prohibiría que los funcionarios de elección popular, una vez cumplido los tres periodos continuos que permite la ley interna del FMLN, se vuelvan a postular como candidatos.
El artículo 83 expresa que los miembros del partido sean electos para una responsabilidad interna o de elección popular no podrán optar al mismo cargo por más de tres periodos consecutivos. Cuando terminan sus tres periodos, descansan uno y se inscriben en las siguientes elecciones. Según la fuente, la prohibición incluiría a cargos internos.
La reforma pretende prohibir para el futuro que los dirigentes nacionales, departamentales y municipales tengan un cargo interno y lo usen para ser inscritos en elecciones a cargos públicos como alcaldes y diputados.
En la parte financiera, el exvicepresidente estudia una reforma para hacer mejor distribución de los fondos recaudados. Ortiz, además, estudia una reforma que reduciría el periodo para la secretaría general del partido, de cinco a tres años. La modificación a los estatutos debe ser aprobada, en un primer momento, por la Comisión Política y, en un segundo momento, por el Consejo Nacional.
