Los tres partidos difieren en la cantidad límite que quedaría en la ley. Con esta reforma pretenden cumplir una resolución de la Sala de lo Constitucional que les ordena legislar sobre la transparencia financiera de los partidos.
El acuerdo se dio en la reunión de un equipo jurídico en el que participan los diputados Mario Ponce, del PCN, Jackeline Rivera, del FMLN, y René Portillo Cuadra, de ARENA.
El PCN propuso que se revelara el nombre de cualquier persona, natural o jurídica, que done más de lo equivalente a siete salarios mínimos en un año, $2,100.
La propuesta fue apoyada por el FMLN, partido que sugirió un límite de $5,000 de personas naturales y $20,000 de personas jurídicas.
ARENA propuso un límite equivalente a tres salarios mínimos, $900 por año.
Los diputados tienen previsto reunirse hoy durante la sesión plenaria, para buscar acuerdo. Portillo Cuadra dijo que, si el FMLN y PCN apoyan que sean tres salarios mínimos, su partido va a votar.
Giro de ARENA
ARENA dio un giro en su posición. El diputado René Portillo Cuadra, un día antes, había dicho que si “dos dólares” se donaban, se debía conocer el origen y destino, en cumplimiento a la sentencia.
“A partir de $900 se puede revelar la identidad del donante, de esa cantidad hacia abajo que solo se contabilice. Si alguien dona $40 o $50 no necesariamente se debe de identificar”, argumentó.
La propuesta siempre exigiría al partido que se incluyan en la contabilidad y fue apoyada por el FMLN, señaló el diputado de ARENA.
El diputado Lorenzo Rivas, de GANA, no estuvo presente, y al ser consultado aseguró que hablará con su fracción para ver qué decisión apoyarán.
La propuesta del PCN también contempla una reforma al artículo 26-C para que se elimine la exigencia de que el peticionario de información deba decir “el tratamiento que le dará a dicha información o su finalidad”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio hasta el 1 de noviembre a la Asamblea Legislativa para que legisle que los partidos informen sobre el origen y destino de sus fondos. Según la resolución, si no cumplen, perderían el dinero que Hacienda les entrega en concepto de deuda política y el Tribunal Supremo Electoral valoraría si inscribe o no sus candidaturas.
La sentencia que ordenó transparencia financiera a los partidos políticos fue emitida en agosto de 2014. Este fallo también ordenó la democracia interna a los partidos políticos.
La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 24-A para cumplir supuestamente la sentencia, en la cual condicionaban la entrega de la información financiera de los partidos a la autorización de los donantes. En febrero de 2015, la Sala declaró sin efecto esta reforma.