Las elecciones internas de cualquier partido político en El Salvador son, cada vez que ocurren, un hecho insólito, histórico, que no debe pasar inadvertido por los salvadoreños. Esta vez, le toca a un partido de izquierda, la próxima le tocará a un partido de derecha y próximamente les tocará a los partidos que dicen aceptar todas las ideologías o no profesar ninguna. Todos deben poner atención si éstos usan argucias para, en el fondo, evadir la democracia.

Los partidos políticos son instituciones que forman parte del sistema político salvadoreño y, como tales, no pueden llamarse instituciones privadas. Es por eso absurdo que un dirigente de cualquier partido político responda, ante cualquier pregunta sobre la vida o las decisiones de ese instituto político: “Esas cosas las manejamos en privado”. Aunque esta afirmación había sido parte de la historia de un expresidente partidario, dirigentes actuales de un partido político todavía la siguen sosteniendo de la manera más natural.

En El Salvador, sin embargo, la democracia de los partidos políticos no ha sido voluntaria al igual que su obligación de mostrar a la ciudadanía quiénes los financian, quiénes son sus proveedores de los fondos que reciben todos los años. Es por eso que los institutos políticos buscan formas de no hacer la tarea encomendada.

Por ejemplo, las candidaturas únicas. ¿Qué pasaría si al cliente de un restaurante se le pregunta qué plato prefiere, aclarándole al mismo tiempo que solo puede elegir el desayuno típico? El cliente, al menos, se reiría o llamaría al gerente. Pues, un escenario similar ocurre cuando al afiliado de un partido político le exhortan a ir a las urnas a votar para elegir a un tan solo candidato, de una gama de opciones inexistente.

Sin embargo, esta figura de las candidaturas únicas es legal, está permitida por la Ley de Partidos Políticos pero ha logrado convertirse en el subterfugio de muchos partidos para inhibir la participación.

Pero los partidos, algunos, ya han aprendido que no es bueno llevar un tan solo candidato, sobre todo en los cargos más importantes y, en su lugar.

En algunas ocasiones si bien amplían las opciones, los candidatos no representen demasiada novedad y aquellas figuras que son aparentemente nuevas en realidad terminan siendo simples representantes de grupos de poder dentro del partido o personas que responden a líderes tras el control del partido político en cuestión.

El problema es que si los partidos políticos viejos o nuevos continúan practicando mecanismos para evadir la democracia interna y la transparencia que les fue ordenada por la Sala de lo Constitucional anterior, su futuro será desgarrador tarde o temprano. La vocación democrática urge a los partidos y urge mucho más en los nuevos.

Y aquí es clave para ellos entender que el verdadero sentido de elegir democráticamente a su dirigencia es la mera legitimación del poder del pueblo en los dirigentes en sus funcionarios. De lo contrario, no tendrán legitimidad y al final su partido será inmanejable.

Igualmente, el real sentido de exigir que revelen el origen y el destino de sus fondos es que no reciban fondos ilícitos o de personas que buscan influir en sus decisiones públicas. Si no lo hacen, el poder les corromperá y añorarán que una Sala de lo Constitucional los haya puesto en regla y les ordene: sean limpios en sus cuentas.

Si bien la democracia exige competencia que les puede generar conflictos internos, lo más valioso es que exige una verdadera participación de los miembros de una organización política para que éstos sean evaluados en un proceso de elección transparente que les exige, según sus afiliados, mayor calidad. Sin embargo, si los afiliados no exigen calidad de sus dirigentes, ese partido perderá pronto su razón de ser.