El penal de máxima seguridad en Zacatecoluca mantiene el régimen de emergencia hasta el 21 de julio. / DEM
El estado de emergencia en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”, se retiró ya que el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador revocó esa medida que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) había adoptado.
Dos fuentes, entre ellas una judicial, confirmaron ayer la revocatoria al régimen especial en dicho reclusorio y que se une a resoluciones similares en los penales de Metapán y Cárcel de Mujeres.
También se detalla que el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria revocó la medida en el Centro Penal de Apanteos, Santa Ana. Mientras que el Juzgado de la misma categoría en San Miguel, retiró la medida de emergencia en el reclusorio de Ciudad Barrios, en ese departamento oriental.
Los demás penales mantienen el estado de emergencia como parte del plan Control Territorial que el gobierno del presidente Nayib Bukele ejecuta para reducir el accionar de las estructuras de las pandillas que desde las cárceles estaban ordenando hechos delictivos, según el mandatario.
Sin embargo, este juzgado de San Miguel ha confirmado el estado de emergencia del Centro Penal de San Francisco Gotera y de La Unión.
Similar decisión ha tomado el Juzgado 2° de Vigilancia Penitenciaria que tiene a cargo la Penitenciaría Occidental, conocida como El Penalón. Mientras que el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de La Libertad, ha confirmado el régimen especial del Centro Penal de Quezaltepeque.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque que ve los centros penales de Sensuntepeque e Ilobasco resolvió con una ratificación a las medidas impulsadas por la Dirección General de Centros Penales.
Otra resolución
Un comunicado de la unidad de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez detalla que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente confirmó el estado total de emergencia en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, la Granja Penitenciaria y el Centro Penal de San Vicente, del 5 al 21 de julio de 2019.
La decisión judicial implica la suspensión de los derechos de los internos y se le ordena a la sección de traslado de reos del Órgano Judicial continuar con los traslados que los juzgados soliciten diariamente, para que comparezcan a las audiencias presenciales y virtuales.
Además, se le ordena a la Policía Nacional Civil (PNC) que brinde la atención requerida por parte del centro penal y la seguridad del personal que labora en el Centro Penal de Máxima Seguridad.
A la División de la Policía Técnica y Científica, se le instruye que si se le solicita documentar un suceso Centro Penal de Zacatecoluca, debe hacerlo con vídeo y audio, para luego remitirlo al juzgado.