En mayo de 1998 surge El Faro, también como una alternativa de periodismo crítico. Sin embargo, a diferencia de las revistas antes mencionadas, este no provenía de empresas mediáticas ya consolidadas. Construyó su propia agenda setting y se posicionó en la opinión pública con su propia marca. Hoy día forma parte de un grupo de medios que fijan su mirada, nuevamente, en la investigación sobre los abusos del poder de turno. No es nada nuevo. El periodismo de investigación existió en los gobiernos de Franciscos Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
La historia contemporánea de El Salvador muestra que esta labor es necesaria porque pone al descubierto casos de corrupción. Para muestra, un botón. Durante el confinamiento que vivimos por la pandemia por COVID-19, se publicaron reportajes que cuestionaron la discrecionalidad en el manejo de los fondos. Fue a través del medio Salud con Lupa que supimos que el ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó la compra de 400 mil protectores faciales usados y con un sobreprecio. Esta compra incluía el pago de 250 mil dólares a Insema S. A. de C. V., una empresa propiedad de Jorge Aguilar, presidente en ese momento del Fondo Ambiental de El Salvador.
La investigación periodística ha sido clave en revelar detalles de estos. Se trata de información fundamental para que las autoridades competentes inicien procesos legales pertinentes; pero, sobre todo, para que los ciudadanos y las ciudadanas podamos saber cómo se está gestionando el poder en este momento. Dicho de otra forma, para saber, entre otras cosas, si nos están robando.
No es un secreto para nadie que atravesamos un contexto político hostil para quienes se dedican a esta labor. El Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra un incremento en las vulneraciones a la labor periodística, incluyendo acoso por parte de autoridades. Mientras que en el 2018 hubo 69 vulneraciones, en lo que va del 2020 se registran 114.
El miércoles 27 de octubre concluyó el trabajo realizado por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el acoso a periodistas, especialmente de aquellos que han expuesto posibles casos de corrupción por parte del actual gobierno. La conclusión es consistente con lo que observamos desde afuera. Hay evidencia suficiente para demostrar que sí hay un acoso sistemático y, además, se está usando recursos públicos para ello. Esta labor es necesaria porque vivimos en una era de desinformación. La rigurosidad y el apego a la realidad deben prevalecer sobre la propaganda, que es peligrosa porque puede llevar a grandes violaciones de derechos.
El ejercicio del periodismo de investigación siempre será una piedra en el zapato para quienes no desean ser fiscalizados. Sin embargo, será un aliado para los que desean vivir en un país con funcionarios que actúen con probidad, integridad y que estén dispuestos a rendir cuentas sobre cada una de las decisiones que tomen. La Fiscalía General de la República tendrá que tomar cartas en el asunto, mientras que el resto de los salvadoreños y salvadoreñas tenemos el compromiso, ético y moral, de sentar postura frente a esta realidad. ¿Qué tipo de periodismo queremos?