La asociación defensora de derechos humanos Cristosal pidió ayer a diputados de la Asamblea Legislativa que el anteproyecto de ley desplazamiento forzado atienda a víctimas que se encuentran confinadas, luego de sufrir amenazas y violencia en sus lugares de residencia.
El director del programa de Acompañamiento de Víctimas de Cristosal, Abraham Ábrego, explicó que la petición se da porque actualmente la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (Ute) en programa de protección, brinda atención prioritariamente a testigos criteriados.
“Hay que revisar el sistema de protección y como pueden adecuarse para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado, sabemos que el principal que existe es de la Ute pero hay que revisarlo porque no garantiza una protección y las personas necesitan soluciones duraderas”, dijo Abrego.
El articulo dos de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos establece que se aplicarán medidas de protección y atención a víctimas, testigos u otras personas que se encuentren en riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta en la investigación de un delito, en un proceso judicial o por su relación familiar, con la persona que interviene en éstos.
En un estudio de casos, Cristosal determinó que algunos de los efectos del confinamiento o resguardo prolongado son que el programa de la Ute no está dando atención integral y digna a las personas en condición de desplazamiento y da un trato preferencial según el tipo de víctima que atiende; el desarrollo infantil está comprometido por no tener acceso a una escolarización normal, tienen menor contacto con su red de apoyo y por esto sufren desmotivación y reducción de la calidad de vida.