Fotografía de Edgardo Rivera / DEM.
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, respaldado por el diputado no partidario Leonardo Bonilla, presentó hoy una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa a través de la cual solicita reformar el artículo 67 del Código Electoral para la creación de una unidad de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, que esté adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La iniciativa establece que dicha unidad tendrá como función auditar las finanzas de los institutos políticos y así se pueda verificar el origen de los fondos, tanto de los partidos como de sus candidatos.
“El control del sistema de financiamiento de la política salvadoreña es sumamente débil y poco desarrollado, pues las capacidades de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral son extremadamente limitadas, debido a que no tiene un departamento, unidad o dependencia especializada que se encargue de fiscalizar a los partidos políticos”, señala Acción Ciudadana.
Asimismo, indica que actualmente el organismo colegiado solo se limita a recibir la documentación que presentan los partidos políticos y no verifica el origen de los fondos que estos y sus candidatos reciben.
"Nosotros siempre estamos trabajando en la lógica que el financiamiento de la política sea controlado, sea regulado y en esa medida para nosotros es importante que el Tribunal Supremo Electoral cuente con una unidad de fiscalización de partidos políticos que se encargue de verificar la certeza de los estado de resultado, verificar el listado de donantes y todo lo que tienen que ver con las finanzas del partido, incluso monitorear el gasto de campaña", afirmó Escobar.
De acuerdo con la propuesta, la unidad fiscalizadora deberá encargarse de verificar que los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, control financiero, acceso a la información y rendición de cuentas. Además, también tendrá a su cargo auditar la información contable y financiera que los partidos y candidatos estén obligados en presentar ante el TSE.
Otra de las funciones también será monitorear el gasto en las campañas electorales.
Por su parte, Bonilla dijo que "por ahora los partidos políticos están obligados a transparentar sus financiamientos; sin embargo, no hay un ente fiscalizador dentro del Tribunal Supremo Electoral que pueda advertir si realmente la información que se ha presentado es correcta, y si hay fuentes de financiamiento que sea ilegales”.
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